78 En Europa —y no hay que olvidar que España depende profundamente de las políticas europeas— el Pacto Verde de la anterior Comisión fue un motor de transformación. Gracias a él se desarrollaron leyes, normativas y reglamentos clave. Pero ese impulso se ha frenado. La guerra de Ucrania, las movilizaciones rurales y otros factores han cambiado el foco: si antes la prioridad era el cambio climático, ahora lo es la seguridad energética. La repoblación del lobo y su gestión se ha convertido en un tema político. ¿Por qué cree que ocurre esto? El lobo se ha convertido en el chivo expiatorio de todo lo que ocurre en el mundo rural. Es un símbolo, y por eso también se ha politizado. Desde WWF trabajamos mucho en ganadería extensiva, así que entendemos ambas partes. Es importante saber que los ataques de lobo representan solo el 1 % de los problemas que enfrenta este tipo de ganadería. Lo que pedimos es más inversión en medidas preventivas, indemnizaciones más rápidas y justas, y políticas que realmente apoyen a la ganadería extensiva. El lobo es un activo para la sociedad: mantiene el equilibrio ecológico, regula poblaciones como jabalíes o gamos, y actúa como un sanitario natural. El coste puede ser una oveja o una vaca -siempre entendiendo a los ganaderos que sufren sus pérdidas, por supuesto-, pero el beneficio para el ecosistema es enorme. ¿Cómo afecta el giro político de la Comisión Europea hacia la seguridad y la competitividad a la agenda verde? Muchísimo. Cuando los países dejan de priorizar lo ambiental, se reduce el presupuesto, se pierde impulso político y toda la sociedad —empresas incluidas— se relaja. La desregulación está rebajando logros clave, como el reglamento de deforestación importada, que era pionero. Europa no quiere ser cómplice de la destrucción de los bosques, pero ahora se está posponiendo lo que ya habíamos conseguido. Usted advirtió que “si mezclamos abandono rural y temperaturas, habrá más megaincendios”. ¿Qué medidas urgentes deberían tomarse? Lo que los científicos advertían hace años ya es una realidad. Necesitamos un pacto de Estado contra la emergencia climática, con políticas de largo recorrido que involucren a toda la sociedad: empresas, agricultores —que van a tener un 20% menos de agua en los próximos años— y ciudadanía. Esto afecta directamente a nuestra salud. ¿Está España preparada para fenómenos extremos como las DANAs o los incendios de sexta generación? No, en absoluto. Hace falta una ordenación del territorio completamente distinta. No podemos seguir construyendo en zonas inundables o costeras. España nunca ha tenido una cultura de las emergencias, y debemos aprender a adaptarnos y a desarrollar esa cultura. En cuanto a los incendios, hay una combinación de factores explosiva: abandono del sotobosque, exceso de terreno sin animales que lo limpien, pérdida de la cultura del fuego controlado… Todo esto se agrava con el éxodo rural. Socialmente, cuidar los bosques y la ganadería extensiva debería ser rentable. WWF y Greenpeace han pedido un pacto de Estado para blindar las políticas climáticas. ¿Qué pilares debería tener ese acuerdo? Está planteado sobre diez ejes básicos, y no sobra ninguno. Pero creemos que faltan dos: el papel de la naturaleza —que se da por hecho, cuando nuestra salud depende de ella— y el papel de la salud, que debería tener un bloque propio. La contaminación, la crisis climática y la pérdida de biodiversidad son tres caras de la misma moneda. ¿Cómo garantizar que la transición ecológica no dependa del ciclo electoral? Esa debería ser la filosofía del pacto: un acuerdo de mínimos que involucre a toda la sociedad —partidos, empresas, tercer sector— y que trascienda los vaivenes políticos. ¿Es compatible el despliegue actual de renovables en España con la protección de la biodiversidad? España está a la cola mundial en fiscalidad ambiental. Es nuestro gran gap Lo importante no es solo invertir en conservar, sino dejar de destruir
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