La Generalitat de Catalunya ha impulsado la aprobación de los primeros presupuestos de carbono de España, un instrumento de planificación climática que establece límites máximos de emisiones de gases de efecto invernadero para el periodo 2026-2030. Aprobados por el Parlament de Catalunya el 4 de diciembre de 2025, en cumplimiento de la Ley catalana de Cambio Climático, estos presupuestos fijan un techo acumulado de 161,6 millones de toneladas de CO₂ equivalente durante el quinquenio y contemplan una reducción global del 31% de las emisiones en 2030 respecto a los niveles de 1990. La iniciativa establece objetivos específicos para siete ámbitos económicos: energía, industria, transporte, agricultura y ganadería, gestión de residuos, sector residencial y servicios. Entre las metas destacan las reducciones del 57% en residuos, el 50% en energía, el 45% en servicios y el 33% en industria. Además, incorpora mecanismos de seguimiento y evaluación anual por parte del Comité de Expertos sobre el Cambio Climático, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los compromisos y corregir posibles desviaciones. Con esta aprobación, Cataluña se sitúa entre los territorios pioneros en adoptar presupuestos de carbono vinculantes como herramienta de gobernanza ambiental.
Sonsoles Letang, directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat de Catalunya, fue la encargada de recoger el Sustainability Action 2026 durante el Sustainability Day celebrado en el Museo Reina Sofía de Madrid. Letang explicó que este reconocimiento pone en valor la aprobación parlamentaria de una herramienta que permite «marcar la senda para reducir las emisiones» de gases de efecto invernadero de los diferentes sectores económicos de cara a 2030, en consonancia con los objetivos europeos. La responsable de la Generalitat destacó así la importancia de disponer de una hoja de ruta que traduzca los compromisos climáticos en límites concretos y medibles para cada actividad. Este modelo de planificación introduce una nueva forma de abordar la transición ecológica desde las administraciones públicas, vinculando las políticas sectoriales a objetivos verificables y proporcionando un marco de referencia para orientar las decisiones económicas y ambientales durante los próximos años.