La Comunidad de Madrid ha marcado un nuevo hito en el mercado europeo de finanzas sostenibles al convertirse en la primera región en emitir dos bonos bajo el Estándar Europeo de Bonos Verdes (EuGB), establecido mediante el Reglamento (UE) 2023/2631. La primera operación se realizó en junio de 2025, con una emisión de 500 millones de euros a cinco años que atrajo una demanda de 2.400 millones por parte de 89 inversores. En junio de 2026, la región completó una segunda emisión por otros 500 millones de euros, que registró una demanda de aproximadamente 2.800 millones y una participación del 74% de inversores internacionales. Ambas operaciones suman 1.000 millones de euros de financiación vinculada a actividades ambientalmente sostenibles y se ajustan a los requisitos europeos sobre destino de los fondos, información pública y verificación externa. Los recursos se orientan a actuaciones alineadas con la taxonomía verde de la Unión Europea, especialmente en el ámbito del transporte público limpio, como los sistemas de autobuses y metro. Este avance se enmarca en una trayectoria iniciada en 2017, cuando Madrid se convirtió en la primera administración pública española en emitir bonos sostenibles, a la que siguió en 2020 su primera emisión de bonos verdes. La incorporación del nuevo estándar europeo refuerza la trazabilidad de las inversiones y permite vincular la financiación pública con objetivos ambientales medibles.
Los bonos verdes permiten financiar proyectos ambientales y, al mismo tiempo, abrir la puerta a inversores especializados. Esta doble vertiente centró la intervención de Rodrigo Robledo Tobar, director general de Política Financiera y Tesorería de la Comunidad de Madrid, que recogió el reconocimiento en nombre del Gobierno regional. Robledo recordó la trayectoria de la región desde 2017 y explicó que estas emisiones permiten atraer a una base inversora especializada, interesada en financiar iniciativas sostenibles y, en determinadas circunstancias, dispuesta a aceptar una menor rentabilidad, lo que puede contribuir a «mejorar nuestro coste de financiación». El responsable subrayó también la importancia de seleccionar indicadores que permitan evaluar y comunicar el impacto de las actuaciones financiadas, así como la necesidad de seguir adaptando el marco regional de financiación sostenible a las nuevas exigencias regulatorias europeas. Asimismo, destacó el valor de estas operaciones para dar visibilidad al trabajo desarrollado por las instituciones públicas y demostrar que «las administraciones públicas pueden hacer mucho en este sector». Una experiencia que pone de manifiesto el potencial de los instrumentos financieros sostenibles para conectar los mercados de capitales con proyectos de interés público y avanzar hacia una economía más respetuosa con el medioambiente.
