La dependencia energética exterior de España alcanzó el 68,4% en 2024. El petróleo y el gas representan el 97% de las importaciones energéticas, lo que mantiene al país expuesto a las subidas de precios internacionales, las tensiones geopolíticas y posibles problemas de suministro.
Esta dependencia contrasta con el avance de las energías limpias. En 2025, las renovables aportaron el 55,5% de la electricidad generada en España y tres de cada cuatro kilovatios hora se produjeron sin emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, el informe advierte de que instalar más parques solares y eólicos no es suficiente si no se desarrollan al mismo ritmo las redes eléctricas, las conexiones con otros países y las instalaciones necesarias para almacenar la electricidad.
España sigue estando poco conectada con el resto de Europa. La capacidad para intercambiar electricidad con otros países equivale actualmente a alrededor del 3% de toda la potencia instalada, frente al objetivo europeo del 15% para 2030. Esta limitada conexión dificulta vender a otros países la electricidad sobrante en momentos de mucha producción renovable y comprar energía cuando el sistema español necesita apoyo. El informe considera que reforzar estas conexiones es esencial para mejorar la seguridad del suministro y aprovechar mejor la electricidad producida en España.
El almacenamiento es otro de los principales retos. España dispone de unos 7,6 gigavatios de capacidad, frente al objetivo de alcanzar los 22,5 gigavatios. La falta de baterías y otras instalaciones provoca que parte de la electricidad solar generada durante las horas centrales del día no pueda guardarse para utilizarla más tarde.
En 2025, el precio de la electricidad llegó a ser negativo durante alrededor del 6% de las horas, porque en determinados momentos había más producción que demanda y no existía suficiente capacidad para almacenar esa energía.
El informe señala que España necesitará mucha más electricidad como consecuencia del crecimiento del transporte eléctrico, la climatización de los edificios, los nuevos procesos industriales y los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial. Las previsiones recogidas en el documento apuntan a que la demanda eléctrica podría crecer entre un 33% y un 54% entre 2026 y 2030 y llegar a duplicarse hacia 2035. Los centros de datos explicarían más de un tercio de ese aumento.
España cuenta con ventajas para atraer nuevas inversiones industriales y tecnológicas, como sus recursos solares y eólicos y unos precios eléctricos para la industria que tradicionalmente han sido inferiores a la media europea. No obstante, el informe advierte de que la falta de redes y los retrasos para conseguir una conexión pueden provocar que muchos proyectos se instalen finalmente en otros países.
La lentitud administrativa frena inversiones
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé movilizar alrededor de 294.000 millones de euros hasta 2030, procedentes en su mayoría de empresas e inversores privados.
Sin embargo, el informe identifica la lentitud administrativa como uno de los principales obstáculos para que estas inversiones se hagan realidad. Miles de expedientes continúan pendientes de resolución, lo que mantiene paralizados proyectos que ya disponen de financiación y que podrían contribuir a producir y almacenar más energía en España.
El documento propone reforzar las redes eléctricas, aumentar el almacenamiento, mejorar las conexiones con Europa y fijar plazos más claros para que la Administración resuelva las autorizaciones. También plantea crear equipos específicos para agilizar los proyectos que llevan demasiado tiempo bloqueados.
Sungrow, un ejemplo de inversión paralizada
Como ejemplo de este problema, el informe analiza tres proyectos de almacenamiento con baterías promovidos por Sungrow en Vall d’Uixó, Castellón. En conjunto, los proyectos suman 171,5 megavatios de potencia, más de 700 megavatios hora de capacidad de almacenamiento y una inversión cercana a los 150 millones de euros. Estas instalaciones permitirían guardar electricidad en los momentos de mayor producción renovable y devolverla a la red cuando aumentara la demanda.
A pesar de encontrarse en una fase avanzada, su tramitación permanece bloqueada en distintas áreas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Según el informe, este caso muestra cómo los retrasos administrativos pueden frenar inversiones ya comprometidas y retrasar infraestructuras necesarias para aprovechar mejor la energía renovable.
El documento concluye que la transición energética solo será sostenible si España es capaz de garantizar energía suficiente, segura y a precios competitivos. Para ello, considera imprescindible acompañar el crecimiento de las renovables con más redes, más almacenamiento y una Administración capaz de tramitar los nuevos proyectos con mayor rapidez.
