El descenso consolida una tendencia de recuperación iniciada en 2023 y atribuida a la reactivación de las políticas ambientales del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Desde su regreso al poder, Brasil ha reforzado la fiscalización sobre actividades ilegales, reabierto agencias de
control y relanzado el Fondo Amazonia, financiado por Noruega y Alemania,
que canaliza inversiones para proyectos de desarrollo sostenible en comunidades
locales.
El Ministerio de Medio Ambiente subraya que la reducción es fruto de una estrategia interministerial que combina vigilancia satelital, control territorial y cooperación con gobiernos estatales y fuerzas de seguridad. Además, se está impulsando la recuperación de áreas degradadas y el fortalecimiento de la bioeconomía amazónica como alternativa productiva.
Aunque persisten desafíos en algunas zonas del norte, donde continúan la tala ilegal y la expansión ganadera, los resultados confirman una tendencia
estructural hacia la contención de la deforestación.
En 2025, el 67% de la Amazonia brasileña mantiene cobertura forestal intacta y las emisiones derivadas de la pérdida de bosques se redujeron un 12% respecto al año anterior.
Tras la COP30, el país busca consolidar su papel como referente regional en gobernanza forestal y cooperación climática. Brasil aspira a que su modelo de gestión de la Amazonia sirva como ejemplo para otros países tropicales, demostrando que la conservación y el desarrollo económico pueden avanzar de
forma conjunta.
