Más de medio millón de personas lograron una oportunidad laboral a través de Cruz Roja

Desde la puesta en marcha de esta estrategia, el compromiso de Cruz Roja ha sido siempre fomentar la igualdad de oportunidades y de trato a todas las personas, independientemente de su edad, origen, género o situación socioeconómica, para lo que ha desarrollado iniciativas y tejido alianzas con las administraciones públicas y miles de empresas, gracias a la colaboración mantenida durante estos 25 años con el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Trabajo.

En este cuarto de siglo se han acumulado aprendizajes que ahora quiere compartir a través de un Congreso nacional que ha tenido lugar del 10 al 12 de noviembre en el Auditorio de Zaragoza. Además de repasar los hitos que han tenido lugar durante estos 25 años, Cruz Roja ha querido aprovechar este encuentro para visibilizar los desafíos y retos vinculados al mercado laboral presente y futuro y cómo impactan en las personas más vulnerables, con la celebración de mesas redondas y debates con profesionales del ámbito social, educativo y académico, así como con organismos promotores de políticas activas de empleo y otras políticas públicas, cuyas conclusiones ayudarán a construir e impulsar nuevos caminos hacia la inclusión.

Medio millón de oportunidades laborales

Aunque la realidad del mercado laboral en España ha mejorado en los últimos años, sigue mostrando desigualdades y falta de oportunidades que afectan sobre todo a determinados grupos sociales y colectivos específicos, como las personas jóvenes y mayores de 45 años, las de desempleo prolongado, de origen extranjero, con muy baja cualificación y mujeres en dificultad por brechas de género y de manera más intensa a personas que acumulan más de una desventaja.

Repasando lo que han sido estos 25 años del Plan de Empleo, uno de los hitos más significativos es la oportunidad laboral alcanzada por más de 552.000 personas, además de las 7.125 iniciativas de autoempleo apoyadas y consolidadas.

En este período se ha conseguido además activar laboralmente a 1,5 millones de personas (63% mujeres), en más de 660 puntos de atención, realizando para ello más de 75,15 millones de horas de atención. La formación y capacitación para el empleo es fundamental, y de ello se han beneficiado cerca de 833.000 personas. El 44% de las personas que lograron la inserción laboral.

Todas estas acciones han sido posible gracias a las más de 113.000 empresas y administraciones colaboradoras que han permitido materializar 317.000 alianzas por la inclusión laboral.

Perfil mayoritario: mujer, mayor de 45 años y baja cualificación

El perfil de las personas atendidas ha variado significativamente desde los primeros años hasta la época actual. Así, mientras que en el año 2000 el 100% de la atención se dirigía a personas migrantes, hoy día el 40% de las personas que acuden al Plan de Empleo de Cruz Roja son autóctonas. Lo que se ha mantenido estable es el mayor porcentaje de mujeres atendidas (61% del total en el año 2000, al 65% que representan en la actualidad).

Otra variación significativa es la edad de las personas participantes. Así, mientras que en el año 2000 el 69% pertenecían al grupo de edad de 30 a 44 años, en el último ejercicio los porcentajes se han segmentado más, representando el mayor volumen de atención (35%) las personas mayores de 45 años. La baja cualificación (57% frente al 79% de 2024) y personas desempleadas e inactivas (82% frente a 95%) siguen siendo perfiles recurrentes entre las personas atendidas en el Plan de Empleo. En los últimos años, se incrementa la presencia de personas que aun teniendo empleo no pueden cubrir sus necesidades básicas.

Preparando el futuro

En los próximos años España, al igual que el conjunto de Europa, se enfrentará a una serie de desafíos en el ámbito del empleo, la protección social de las personas y la inclusión social. Se trata de retos interconectados que reflejan tendencias globales y locales que afectarán con especial intensidad a las personas más desprotegidas, planteando nuevas necesidades sobre las que habrá que seguir innovando y adaptando respuestas para que nadie se quede atrás. Entre esos desafíos a trabajar en los próximos años se encuentran los siguientes:

• Transformaciones del mercado laboral. La digitalización, la transición ecológica y demográfica, están remodelando profundamente el empleo en España. Por un lado, se crearán nuevos nichos laborales vinculados a la tecnología, la sostenibilidad y los servicios personales; por otro, desaparecerán o se transformarán muchos empleos tradicionales, especialmente en sectores como la industria manufacturera, el transporte o la atención administrativa. Este cambio exigirá una reconversión profesional masiva y continua, con una formación adaptada a las nuevas demandas del mercado. Las personas con menor cualificación, mayores de 45 años o en zonas rurales tendrán mayores dificultades de adaptación, lo que puede acentuar la desigualdad. El 43% de las empresas afirma tener dificultades para encontrar perfiles digitales (Adecco, 2023). Además, solo el 35% de la población en España tiene competencias digitales avanzadas (Eurostat, 2023).
• El envejecimiento de la población. Plantea retos en la sostenibilidad del sistema de pensiones, la atención a una población creciente de personas mayores y la reposición en el mercado laboral de las personas de la generación del baby boom, que se jubilarán en los próximos años. Esto supondrá repensar las políticas de conciliación, las políticas laborales y, entre otros, generar empleos decentes en sectores relacionados con los cuidados. Las precarias condiciones laborales que caracterizan al sector ubican en una situación de desventaja económica y social especialmente a las mujeres, y en particular, a las mujeres migrantes. Resulta clave que las medidas que buscan cerrar brechas se centren tanto en profesionalizar y mejorar los trabajos de cuidado remunerado (sector ocupacional) como también en la capa más invisible pero nudo de desigualdades de género: los cuidados no remunerados.
• Precariedad y desigualdad laboral. Aunque la tasa de desempleo ha disminuido en los últimos años hasta situarse en el 11,4% en el primer trimestre de 2025, persisten altos niveles de temporalidad, parcialidad y bajos salarios, especialmente entre hogares con menores a su cargo, jóvenes y mujeres. De hecho, el 12,5% de los trabajadores son pobres (INE, ECV 2023), lo que evidencia que hoy tener empleo no garantiza salir de la pobreza. Esta precariedad limita las oportunidades vitales y perpetúa tanto situaciones de vulnerabilidad social como la transmisión intergeneracional de la pobreza. El empleo decente como antídoto frente a la pobreza laboral continúa más vigente que nunca.
• Brecha territorial en el acceso al empleo. La distribución del empleo en España es profundamente desigual. Mientras que las grandes ciudades concentran la mayoría de las oportunidades, numerosos entornos rurales, zonas interiores y barrios urbanos segregados sufren despoblación, envejecimiento y falta de alternativas laborales. Más de 4.000 municipios han perdido población en la última década y más de 3.400 tienen menos de 1.000 habitantes, lo que compromete su capacidad para generar empleo y garantizar servicios esenciales dificultando además el impulso de la economía local, la mejora de la conectividad o el arraigo de la población joven.
• Inclusión laboral de colectivos vulnerables. En estos años se ha avanzado en materia de empleo con modelos de intervención a la carta para perfiles diversos, el impulso de relaciones público – privada exitosas, pero hay numerosos colectivos que continúan enfrentando barreras estructurales, sociales y culturales que dificultan su acceso al mercado laboral, a la formación, a la vivienda y a los servicios básicos (jóvenes sin cualificación, mayores de 45 años, personas migrantes, mujeres víctimas de violencia de género, personas LGTBIQ+ discriminadas, personas en situación de pobreza o exclusión social, entre otros). Estas barreras se agravan en contextos de alta exclusión, como barrios segregados o zonas de infravivienda, donde se combinan la pobreza, la discriminación y la falta de oportunidades.

Ante estos retos de futuro, Maika Sánchez, directora nacional del Área de Empleo de Cruz Roja, pone el acento en "la necesidad de generar oportunidades que avancen hacia la igualdad en el acceso a los derechos, a través de iniciativas que promuevan el derecho a un empleo decente, capaz de cubrir las necesidades básicas de las personas y permitir la construcción de proyectos vitales sostenibles. Para ello, resulta clave la participación activa de las administraciones públicas en todos sus niveles —nacional, autonómico y local—, y especialmente el respaldo del Fondo Social Europeo, en el presente y en el futuro, junto con la cooperación del sector empresarial."