Ahora, una nueva encuesta de YouGov entre líderes empresariales europeos,
encargada por el think tank climático independiente E3G, sugiere que las empresas españolas tampoco apoyan el giro drástico en los requisitos de sostenibilidad que los responsables políticos de la UE están planteando.
La encuesta, realizada a más de 2.500 líderes empresariales, incluidos más de 500 españoles, muestra que las empresas consideran que las medidas de sostenibilidad aportan ventajas competitivas y respaldan normas de información sólidas y claras. La encuesta se llevó a cabo en agosto de 2025, incluyendo empresas de distintos tamaños en cinco importantes economías europeas (España, Alemania, Francia, Italia y Polonia).
Mientras que el crecimiento y la competitividad de la UE se ralentiza, España se ha consolidado como la economía europea de más rápido crecimiento. Dos tercios (60%) de los líderes empresariales españoles consideran que volverse más sostenible ambientalmente es importante para la competitividad de su empresa, frente a solo el 17% que lo considera poco importante. A nivel de la UE, este porcentaje asciende a más de tres cuartos (77%) en empresas medianas y grandes (250-999 empleados), y a casi siete de cada diez (69%) en empresas con cadenas de suministro fuera de la UE.
España es actualmente el sexto mayor destino de inversión extranjera directa. Entre los cinco países encuestados, el 50% de los líderes empresariales cree que recopilar y reportar regularmente datos de sostenibilidad ayuda a atraer inversión, frente a un 18% que no está de acuerdo. Esta cifra aumenta a más de dos tercios (68%) entre los líderes de empresas medianas y grandes (250-999 empleados), y a más de seis de cada diez (62%) entre los líderes de empresas muy grandes (más de 1000 empleados).
Los líderes empresariales españoles también consideran que estas normas suponen un impulso para las empresas europeas frente al resto del mundo: más de la mitad (53%) cree que unas sólidas normas de diligencia debida de la UE llevarían probablemente a las grandes compañías a favorecer a proveedores del Espacio Económico Europeo, mientras que solo un 12% está en desacuerdo. Entre las empresas europeas con operaciones o cadenas de suministro fuera de la UE, más de seis de cada diez (62%) creen que unas normas sólidas de diligencia debida favorecerían a los proveedores europeos.
Más del doble de empresas españolas piensa que las normas que obligan a cumplir estándares medioambientales y sociales darán a la UE una ventaja competitiva a largo plazo frente a China y Estados Unidos, con casi la mitad (48%) de acuerdo y un 20% en desacuerdo. A nivel de la UE, esta cifra asciende al 59% entre las compañías con operaciones y cadenas de suministro fuera de la Unión.
Las empresas españolas muestran una clara preferencia porque Europa lidere, en lugar de seguir, cuando se trata de establecer estándares internacionales para un negocio limpio y competitivo. Más de siete de cada diez (71%) líderes empresariales creen que la UE y las empresas europeas deberían dar un ejemplo global en estándares de sostenibilidad en las prácticas empresariales, frente a solo un 9% que no está de acuerdo. En los cinco mercados, dos tercios (66%) de las pequeñas y medianas empresas (pymes, con menos de 250 empleados) están de acuerdo, y soloun 10% en desacuerdo.
“Los responsables políticos de la UE quieren modificar la normativa para crear un
mejor entorno para las empresas, pero al escuchar solo a una minoría pueden acabar perjudicando los verdaderos intereses de la amplia comunidad empresarial e inversora”, señaló Pepe Escrig, investigador senior de E3G. “España ha decidido mantener el rumbo de la transición verde y, con ello, está proporcionando seguridad regulatoria a empresas e inversores, además de unas bases económicas sólidas. Las empresas españolas están comprometidas. No ven la sostenibilidad como mera burocracia, sino como un auténtico motor de competitividad e inversiones. Los responsables políticos de la UE aún están a tiempo de tomar nota y corregir el rumbo”.
En uno de los temas más polémicos del paquete Omnibus —la cuestión de los planes de transición climática de las empresas, ya exigidos por el Gobierno español—, las opiniones de los líderes empresariales españoles contradicen directamente las propuestas sobre la mesa. Estos planes, concebidos como parte de la estrategia general de las compañías, describen los objetivos, acciones y recursos para avanzar hacia una economía baja en carbono. Entre las sugerencias de los legisladores figuran convertirlos en voluntarios, permitir que no se basen en criterios científicos o incluso eliminarlos por completo. Pero los resultados de la encuesta demuestran que estos planes no son la piedra en el zapato para los líderes empresariales que algunos legisladores creen: dos tercios (66%) de los líderes empresariales españoles consideran justo que las grandes empresas estén obligadas a implementar un plan de transición hacia una economía verde, mientras que solo un 11% discrepa. A nivel de la UE, en el caso de las empresas medianas y grandes, casi tres cuartas partes (74%) están de acuerdo, y casi dos tercios (65%) de las empresas muy grandes también lo están.
La misma tendencia se repite en otras cuestiones concretas del paquete Omnibus, por ejemplo, en los debates sobre el umbral a partir del cual las empresas deben presentar informes de sostenibilidad según la CSRD. El umbral más popular, elegido por más de un tercio (35%) de las empresas españolas encuestadas, fue de 250 empleados, en clara contradicción con el criterio de 1.000 empleados propuesto por la Comisión Europea. Cabe destacar que solo una pequeña minoría (14%) de los líderes empresariales españoles quería fijar el umbral en 2.000 empleados o más. En los cinco países encuestados, 250 fue con diferencia el umbral más popular (34%) entre las pymes. La mayoría (56%) de las empresas muy grandes con más de 1.000 empleados apoyan un umbral de reporte fijado en cualquier nivel entre los propuestos, hasta e incluyendo los 1.000 empleados.
La encuesta muestra apoyo a la elaboración de informes de sostenibilidad, con más de seis de cada diez (63%) líderes empresariales españoles a favor de que su empresa los realice, siempre que sean proporcionales y los datos sean significativos, frente a solo un 13% en desacuerdo. A nivel de la UE, esta cifra asciende a siete de cada diez (70%) en el caso de las empresas medianas y grandes. Dos tercios (66%) de las empresas muy grandes (con más de 1000 empleados) coinciden en que todas las compañías de este tamaño deberían estar obligadas a llevar a cabo informes de sostenibilidad significativos; solo un 15% discrepa.
Con el Consejo habiendo ya fijado su posición sobre el paquete Omnibus, se espera que el Parlamento Europeo defina su mandato de negociación en octubre. Se prevé que las negociaciones sobre el Omnibus concluyan a finales de año. La perspectiva de
un posible resultado que genere inestabilidad en el entorno empresarial tiene
consecuencias para las empresas: el 43% de los líderes empresariales españoles afirma que la actual incertidumbre legal en torno a los informes de sostenibilidad está retrasando sus decisiones de inversión. Este problema es especialmente agudo en las grandes empresas europeas: más de seis de cada diez (63%) compañías medianas y grandes están de acuerdo, y casi tres de cada cinco (59 %) líderes de empresas muy grandes también lo confirman.
