El país obtiene un destacado séptimo puesto en sostenibilidad de políticas económicas, sociales y medioambientales, gracias a avances como la Ley de Protección del Clima, las inversiones en energías renovables (posición 4), la igualdad de género (posición 2) y la integración de inmigrantes (posición 7). Sin embargo, en el apartado de "control democrático" baja hasta el puesto 17, y en gobernanza con visión de futuro alcanza solo la posición 11.
La principal traba detectada por el estudio es la elevada polarización política, que obstaculiza la cooperación entre partidos (puesto 20) y limita la capacidad de diseñar políticas con perspectiva estratégica y consenso social. A ello se suman las limitadas vías de participación de la sociedad civil en los procesos de decisión política (también en el puesto 20), así como un Parlamento con recursos técnicos y humanos inferiores a los de otros países analizados (posición 21).
Según plasma el informe, "la democracia y las políticas sostenibles van de la mano", pero los resultados muestran que España aún debe reforzar la planificación estratégica, la coordinación intergubernamental y el uso de datos científicos y evidencia para tomar decisiones. A pesar de la creación de la Oficina Nacional de Prospectiva en 2020, su capacidad de influencia es limitada (posición 7), y la calidad de las políticas basadas en datos solo alcanza el puesto 16.
Entre las tareas urgentes que señala el informe destacan:
En contraste con sus logros en sostenibilidad ambiental y social, España presenta déficits en educación (posición 19), pensiones (13) y especialmente en la adaptabilidad del mercado laboral (27), donde se detecta una desconexión entre las políticas de empleo y las exigencias de una economía en transición.
El informe SGI —elaborado por la Fundación Bertelsmann en Alemania— es una de las herramientas comparativas más rigurosas sobre calidad democrática y políticas públicas en los países industrializados. Basado en 144 indicadores y evaluado por más de 100 expertos internacionales, ofrece un diagnóstico exhaustivo sobre el grado de preparación institucional de los países para afrontar los grandes desafíos del siglo XXI: la digitalización, la emergencia climática, las tensiones geopolíticas y el cambio demográfico.
El documento advierte que muy pocos gobiernos de la OCDE y la UE están suficientemente equipados para gestionar políticas sostenibles de forma efectiva y con visión de futuro. España no es una excepción: si bien ha demostrado capacidad para impulsar ciertas reformas sectoriales, carece aún de las estructuras y consensos necesarios para garantizar la coherencia, estabilidad y resiliencia del sistema político.
