Los firmantes valoran positivamente los compromisos que se adquirieron en la cumbre de Dubái de 2023 (COP28) sobre energía renovable y eficiencia energética, así como el consenso para la transición y abandonar los combustibles fósiles de manera justa, ordenada y equitativa –a la vez que se fortalece el nexo con la naturaleza, la alimentación y la salud–. No obstante, instan a los gobiernos a promover políticas que mejoren el sentido económico de la acción climática e impulsen la inversión.
Asimismo, los presidentes o CEOs que forman parte de la alianza ponen de manifiesto que “los gobiernos y el sector privado deben mejorar la colaboración para cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París”, y que permitirían reducir la brecha de 600 Gigatoneladas (Gt) de emisiones a la atmósfera hasta 2050, limitando así el calentamiento global a los 1,5 ºC con respecto a la era preindustrial.
El rol clave de los gobiernos para lograr que las emisiones netas sean cero en 2050
Los presidentes y CEOs firmantes solicitan la puesta en marcha de varias políticas para mejorar la acción climática y estimular la inversión:
- Desarrollo ambicioso y creíble de los compromisos climáticos nacionales. “Hacemos un llamamiento a los gobiernos para que mejoren sus NDCs y la colaboración internacional para reducir la brecha”, señalan en la carta, donde también destacan que el balance global muestra que las contribuciones determinadas a nivel nacional –que representan los esfuerzos de cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático–, sólo proporcionan el 5% de las reducciones de emisiones para 2030 “muy por debajo del 43% necesario”. Asimismo se pide que los gobiernos cuenten con políticas climáticas industriales y de demanda predecibles y planes de transición claros que faciliten e incentiven la inversión privada.
- Eliminar los obstáculos de la transición para cumplir con las promesas de la COP28. En la actualidad, “la capacidad total de renovables pendientes de permisos es cinco veces superior a la capacidad instalada. Se necesitarán 80 millones de kilómetros adicionales de red verde para 2040”. Para evitar que el crecimiento de la demanda de energía no se supla con inversiones en combustibles fósiles, la autoridades locales deberán facilitar la eliminación de las trabas de los permisos en los proyectos de preparación de la red; incrementar la demanda de energías renovables a través de una mayor electrificación de la calefacción, el transporte y la industria; así como mejorar la eficiencia energética con políticas fiscales como la desgravación, por ejemplo, de las inversiones en esta materia.
- Respaldar las tecnologías innovadoras para alcanzar su escala comercial y complementar soluciones competitivas en cuanto a costes. Según el WEF, el 30% de las tecnologías clave para la mitigación del cambio climático todavía se enfrentan a importantes diferencias en relación a los costes, principalmente en sectores como el transporte o la agricultura. Además, “ampliar estas tecnologías, incluido el hidrógeno limpio, los biocombustibles y la captura de carbono, es crucial para lograr la descarbonización industrial”. Según refleja la carta se necesitan “políticas de apoyo, incentivos, procesos simplificados y objetivos de contratación pública verde para estimular el mercado, facilitar la adopción y reducir sus sobrecostes o prima verde”.
La declaración pone de relieve también que “los gobiernos no están solos”, y hace un llamamiento a los líderes empresariales “para que se comprometan estratégica y financieramente” con el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas. Por ello, solicitan a sus pares de otras compañías “a demostrar liderazgo y responsabilidad en la descarbonización de sus operaciones y cadenas de valor (clientes y proveedores) estableciendo objetivos con base científica, divulgando el progreso y desarrollando planes de transición climática, consistentes con marcos y estándares en evolución”. En este sentido, señalan la importancia de que las empresas apoyen también a sus cadenas de valor –incluidas las pequeñas y medianas empresas– para que se descarbonicen “a través de asistencia técnica, capacidad para construir, intercambio de conocimientos y mecanismos financieros como primas verdes, e inversiones en tecnologías climáticas avanzadas”.
