El acuerdo provisional contempla la prohibición de declaraciones genéricas sobre el medio ambiente como, por ejemplo, “respetuoso con el medio ambiente”, “natural”, “biodegradable”, “neutro para el clima” o “eco”, sin pruebas de un excelente comportamiento medioambiental reconocido y pertinente para la declaración.
Asimismo, se prohiben las afirmaciones basadas en sistemas de compensación de emisiones sobre que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente, y sólo se permitirán las etiquetas de sostenibilidad basadas en sistemas de certificación aprobados o establecidos por las autoridades públicas.
Además, no se permitirá a las empresas realizar publicidad sobre un producto con una característica que limita su durabilidad, si se dispone de información sobre la característica y sus efectos sobre la durabilidad. Además, la información sobre la garantía tendrá que estar más visible y se introducirá una nueva etiqueta de extensión de garantía.
Los eurodiputados insistieron con éxito en hacer más visible la información sobre la garantía, ya que mucha gente no sabe que todos los productos gozan de al menos dos años de garantía en la UE. La Comisión también se encargará de diseñar una nueva etiqueta para los fabricantes que deseen destacar la calidad de sus productos ampliando gratuitamente el periodo de garantía.
Tras el acuerdo, la ponente del Parlamento Biljana Borzan afirmó: “Hemos logrado un acuerdo excelente para los consumidores. El 60% de los consumidores europeos ni siquiera son conscientes de que todos los productos incluyen una garantía legal. Eso cambia hoy, con un recordatorio que estará presente en todas las tiendas de la UE y también, en algunos casos, en los envases. Además, una nueva etiqueta de garantía ampliada mostrará claramente qué productos duran más, por lo que será más fácil comprar productos más duraderos. También hemos negociado una postura firme frente a la obsolescencia prematura. No debemos anunciar productos que fallen demasiado pronto. Además, estamos despejando el caos de las alegaciones medioambientales, que ahora tendrán que estar justificadas, y se prohibirán las alegaciones basadas en la compensación de emisiones”.
Para convertirse en ley, el acuerdo provisional tendrá que recibir ahora el visto bueno definitivo tanto del Parlamento como del Consejo. Está previsto que la votación tenga lugar en noviembre y, una vez que la directiva entre en vigor, los Estados miembros tendrán 24 meses para incorporar las nuevas normas a su legislación.
