En la actualidad, el mercado de calificaciones ESG puede verse afectado por conflictos de intereses y falta de transparencia. Ante esto, la Comisión propone un Reglamento para mejorar la fiabilidad y transparencia de las actividades de calificación ESG. Los nuevos principios organizativos y normas claras sobre la prevención de conflictos de intereses mejorarán la integridad de las actividades de los proveedores de calificación ESG.
Estas nuevas normas permitirán a los inversores tomar decisiones de inversión orientadas a los objetivos de sostenibilidad. Además, la propuesta exigirá que los proveedores de calificación ESG que ofrezcan servicios a inversores y empresas en la UE reciban la autorización de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y que sean vigilados por esta. Esto garantizará la calidad y fiabilidad de sus servicios para proteger a los inversores y garantizar la integridad del mercado.
“Esta área ahora está completamente desregulada y es muy difícil comparar información entre las agencias de ‘rating’ e interpretar qué significan. No tenemos claridad sobre cómo se llega a estas calificaciones o qué miden y paree haber problemas de conflictos de interés”, explicó la comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, en una rueda de prensa.
La idea detrás de la evaluación de los criterios ESG es identificar aquellas compañías con buenas prácticas para orientar a los inversores que quieran poner su dinero en empresas responsables en estos ámbitos, pero su rápido crecimiento sin regulación específica ha generado el temor de que algunas compañías estén exagerado sus credenciales en materia de sostenibilidad y llevando a cabo lo que se conoce como “greenwashing”.
Por ello, la Comisión plantea que las agencias tengan que publicar información sobre sus metodologías, modelos y supuestos al hacer las clasificaciones que usan para cada producto o actividad. En el caso de incumplimiento de la normativa, la ESMA podrá imponer una multa de hasta el 10 % de la facturación anual de la compañía. También puede optar por imponer una multa diaria durante un máximo de seis meses equivalente a un 3 % de la facturación diaria del año anterior.
“La UE ha avanzado mucho en el fomento de las finanzas sostenibles a lo largo de los años. Hoy avanzamos aún más a la hora de completar el panorama normativo y contribuimos así a atraer inversiones muy necesarias en pro del crecimiento sostenible. Es esencial que las normas y los instrumentos en vigor sean coherentes, fáciles de utilizar y eficaces en la práctica” afirmó Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo responsable de Una Economía al Servicio de las Personas.
