Con el cambio de año llegan también nuevos cambios para la movilidad. A partir de este año, con la implementación de las nuevas Zonas de Bajas Emisiones, más de 150 municipios españoles tendrán que aplicar restricciones que afectarán a la movilidad de sus ciudadanos. Según Sumauto, en España alrededor de 11,5 millones de coches circulan por estas localidades y, de ellos, la medida afectará, como mínimo, a casi cuatro millones de vehículos, que son los que no tienen el distintivo de la DGT. Y es que este distintivo, que categoriza a los vehículos en función de su grado de contaminación, será el que marque la pauta sobre qué vehículos pueden acceder a estas zonas y cuáles no.
En este sentido, los resultados del estudio llevado a cabo por Alphabet, recogen que un 37,5% de los españoles desconoce qué distintivo tiene su vehículo, cifra que asciende hasta el 43% en los municipios de entre 50.000 y 100.000 habitantes.
Para poder analizar las diferencias en la percepción y conocimiento sobre las ZBE de los ciudadanos, en función de su lugar de residencia, Alphabet ha realizado un estudio en base a dos muestras poblacionales: los ciudadanos de las 17 principales capitales de cada comunidad autónoma y una muestra representativa de 100 municipios españoles con una población desde 50.000 a 100.000 habitantes.
Dicho estudio muestra que el nivel de conocimiento de las ZBE es muy semejante tanto entre los habitantes de las principales capitales como entre los de los municipios analizados, con un 55% y un 50% respectivamente. Sin embargo, a pesar de estas cifras, un 27,5% de los que declaran conocer estas ZBE no saben cómo les van a afectar en su día a día.
Adicionalmente, si bien la mayoría de los encuestados se muestran a favor de la implementación de esta medida, casi 3 de cada 10 lo están siempre que no le afecte a la movilidad con su vehículo.
La implementación de las Zonas de Bajas Emisiones conllevará que los vehículos más contaminantes no puedan acceder al centro de las ciudades. En España, con un parque móvil cuya edad media se sitúa por encima de los 13 años, muchos de los vehículos que circulan actualmente por el centro de las ciudades ya no podrán hacerlo. Sin embargo, solo un 16% de los encuestados considera que tendrá que adquirir un vehículo más sostenible para acceder al centro de su ciudad por este motivo. De los que valoran esta opción, la mayoría se decanta por los híbridos no enchufables (33%), seguidos de aquellos que optarían por un vehículo 100% eléctrico (22%), y por quienes elegirían un diésel o gasolina menos contaminante del que tienen actualmente (18%).
Lo que está claro es que más de un tercio de los españoles perciben que sus hábitos de movilidad cambiarán con la entrada en vigor de las ZBE, mientras que un 27% tiene incertidumbre sobre lo que ocurrirá en este sentido.
El estudio llevado a cabo por Alphabet confirma que los españoles se muestran preocupados por el exceso de contaminación en el aire de sus ciudades. Así lo afirman el 72% de los encuestados a nivel nacional, cifra que desciende hasta el 67% en los municipios analizados en el estudio.
A parte de la implementación de las ZBE, los españoles consideran que existen otras medidas para mejorar el aire de su ciudad. La que perciben como más interesante, con un 83%, es el fomento del transporte público (abonos gratuitos, más líneas, mayor frecuencia…), seguida de aquellas enfocadas en el incremento de los planes de ayudas para la compra de vehículos eléctricos (un 50%). Otras medidas también muy valoradas por más del 40% de los encuestados son la instalación de parkings disuasorios en las entradas de las ciudades o aumentar las zonas peatonales.
Lo que queda patente en el estudio de Alphabet es que las acciones que implican asumir un coste adicional para el ciudadano son, con diferencia, las peor valoradas (4,7% para el pago de peajes y 3,5% para estacionamiento regulado).
Sobre los motivos que han llevado al Gobierno a crear ZBE, un 69% de los españoles cree que responden a motivos medioambientales, seguidos de aquellos que consideran que su puesta en marcha se realiza para mejorar la salud de los ciudadanos (36%). Sin embargo, un 29% de los encuestados afirma que esta medida responde a fines políticos y un 25% que persigue un fin recaudatorio.