Un año más, Fairtrade está presente en la COP27 para garantizar que la lucha por unos sistemas alimentarios justos y sostenibles esté en el centro de las conversaciones. Y es que la apuesta por modelos alimentarios sostenibles es fundamental para encabezar la transición verde global e impulsar un futuro más equitativo para todos, incluidos los pequeños agricultores que están en la primera línea del cambio climático. Este año el encuentro internacional tiene lugar del 6 al 18 de noviembre en Sharm El Sheikh (Egipto) para abordar las ambiciones climáticas de la comunidad internacional y trazar un camino sostenible para la recuperación tras la pandemia de COVID-19.
En este contexto, Fairtrade, la Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO) y la Oficina de Defensa del Comercio Justo (FTAO) han firmado un documento de posicionamiento titulado The Clock Is Ticking!, en el que han intensificado sus llamamientos al comercio y la justicia climática. En este sentido, han reclamado medidas cruciales para ofrecer soluciones climáticas justas y han exigido el cumplimiento de los compromisos climáticos públicos y que los actores comerciales rindan cuentas de sus promesas en esta materia.
“Desde Fairtrade y el movimiento del Comercio Justo les recordamos a los líderes mundiales, los delegados internacionales y los diferentes actores de la sociedad civil ahora reunidos para la COP27 su deber de corregir las prácticas globales que afectan desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables de nuestro planeta y ofrecer una acción climática equitativa de una vez por todas. El comercio internacional es uno de los principales contribuyentes al cambio climático. Los pequeños agricultores son los que menos contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero quienes más sufren los impactos catastróficos del cambio climático”, ha señalado el director de Fairtrade Ibérica, representante en España de Fairtrade, Álvaro Goicoechea.
Financiación climática justa para empoderar a los pequeños productores
Así, Fairtrade firma este documento de posicionamiento en el que el movimiento por el Comercio Justo ha pedido a los líderes gubernamentales y del sector privado que cumplan de inmediato con los objetivos climáticos y las ayudas de 100 mil millones de dólares prometidas para finales de 2022. Asimismo, las organizaciones firmantes han exigido que se garantice que el financiamiento climático llegue a los pequeños agricultores, las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores, y se les incluya en el diseño de los programas climáticos.
Del mismo modo, las organizaciones de Comercio Justo han solicitado regulaciones que aborden las principales causas de la degradación del medioambiente, como es la deforestación, y penalicen el incumplimiento; así como apoyar a los agricultores, las pymes y los trabajadores con los costes que supone la adaptación y mitigación climática. Estas organizaciones han incidido, además, a través de este documento en su continuo llamamiento a las empresas para que ofrezcan precios justos a los productores y pequeños agricultores.
En esta línea, el director de Fairtrade Ibérica ha explicado que Fairtrade es el único sistema de certificación que establece un Precio Mínimo obligatorio que actúa como una red de seguridad en momentos de precios bajos e incentiva la producción ecológica con un Precio Mínimo más alto. “Los productores que certificamos también reciben una Prima adicional que ellos deciden democráticamente invertir en proyectos que facilitan la adaptación al cambio climático, como la plantación de árboles, el riego, la diversificación de cultivos, la energía limpia, la mejora de la salud del suelo o el cultivo de variedades resistentes a la sequía, entre otros. También ponemos a su disposición ayudas de emergencia climática y los empoderamos a través de la capacitación con iniciativas formativas como la Academia del Clima Fairtrade en África, entre otras”, ha detallado.
Entre los obstáculos persistentes que enfrentan los pequeños agricultores, según han informado Fairtrade, WFTO y FTAO, está la falta de ayuda financiera que los capacite para mitigar y adaptarse con éxito a los desafíos climáticos. De hecho, las organizaciones de Comercio Justo llevan tiempo advirtiendo que menos del 2% del financiamiento climático llega a los pequeños agricultores y la necesidad de adaptar los criterios y procedimientos de adjudicación de los mecanismos financieros para que las organizaciones de pequeños productores tengan acceso a los fondos disponibles y puedan administrarlos de una manera menos burocrática.
Además, las organizaciones que impulsan el Comercio Justo han instado a los gobiernos y al sector privado a garantizar que los esfuerzos climáticos se construyan de manera inclusiva, ya que son los pequeños agricultores y trabajadores quienes saben de primera mano cómo el cambio climático afecta a sus entornos locales. Una perspectiva más inclusiva, que los incluya en la toma de decisiones, ayudará a definir las prácticas sostenibles que más les permiten mejorar su resiliencia, como la adopción de energías renovables para una mayor eficiencia energética, la reforestación y la detención de la deforestación, o la restauración de la salud del suelo para mejorar su potencial productivo y detener así la expansión de la deforestación de tierras agrícolas en lugares con altas reservas de carbono.
En este sentido, Goicoechea ha destacado el trabajo que realiza Fairtrade desde hace 3 décadas por la sostenibilidad de las personas y el planeta a través del Comercio Justo. “Los Estándares Fairtrade combinan una serie de criterios económicos, medioambientales y sociales que son auditados de forma independiente como parte de esta certificación y están presentes en toda la cadena de suministro. En concreto, con el Estándar Fairtrade sobre el Clima ayudamos a los agricultores a ser más resistentes al cambio climático, al mismo tiempo que brindamos a consumidores, minoristas y comerciantes la oportunidad de reducir su huella de carbono”, ha indicado.
“Es injusto cargar el coste de la crisis climática sobre los hombros de las comunidades más vulnerables. Desde Fairtrade apostamos por la colaboración entre las diferentes partes interesadas para sumar esfuerzos que fortalezcan la resiliencia y la capacidad de los productores para gestionar los impactos climáticos adversos. Es fundamental que las medidas contra el cambio climático incluyan la equidad, la protección de los derechos humanos y la justicia social como elementos centrales de la legislación, pues no podemos olvidar que la pobreza extrema de los agricultores es un factor que acelera la deforestación y las prácticas nocivas que perjudican el medioambiente. No hay justicia climática sin Comercio Justo”, ha concluido Goicoechea.