La nueva norma obligaría a las empresas a verificar (lo que se denomina “diligencia debida”) que los productos vendidos en la UE no se han producido en tierras deforestadas o degradadas. Esto garantizaría a los consumidores que los productos que compran no contribuyen a la destrucción de los bosques fuera de la UE, incluidos los bosques tropicales irremplazables, y por lo tanto reduciría la contribución de la UE al cambio climático y la pérdida de biodiversidad a nivel mundial.
Los eurodiputados también quieren que las empresas verifiquen que los productos se producen de acuerdo con los derechos humanos protegidos por el derecho internacional y los derechos de los pueblos indígenas, además de las leyes y normas pertinentes en el país donde se producen los productos.
La propuesta de la Comisión abarca el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja y la madera, incluidos los productos que contengan, se hayan alimentado o se hayan fabricado con estos productos (como el cuero, el chocolate y los muebles). El Parlamento quiere incluir la carne de cerdo, las ovejas y las cabras, las aves de corral, el maíz y el caucho, así como el carbón vegetal y los productos de papel impreso.
La Comisión tendría que evaluar, a más tardar dos años después de la entrada en vigor, si es necesario ampliar las normas a otras mercancías como la caña de azúcar, el etanol y los productos mineros, y la viabilidad de hacerlo. Los eurodiputados también quieren que cubran otros ecosistemas naturales como praderas, turberas y humedales, si la Comisión lo considera oportuno, en el plazo de un año tras la entrada en vigor. Por último, los eurodiputados también quieren que las instituciones financieras estén sujetas a requisitos adicionales para garantizar que sus actividades no contribuyen a la deforestación.
Aunque no se prohibirá ningún país o materia prima, las empresas que comercialicen productos en el mercado de la UE estarán obligadas a ejercer la diligencia debida para evaluar los riesgos en su cadena de suministro. Podrán, por ejemplo, utilizar herramientas de seguimiento por satélite, auditorías sobre el terreno, capacitación de los proveedores o pruebas isotópicas para comprobar la procedencia de los productos. Las autoridades de la UE tendrían acceso a la información pertinente, como las coordenadas geográficas. Los datos anonimizados estarían a disposición del público.
Sobre la base de una evaluación transparente, la Comisión tendría que clasificar los países, o parte de ellos, en riesgo bajo, estándar o alto en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este reglamento. Las importaciones procedentes de países de bajo riesgo estarán sujetas a menos obligaciones.
Tras la votación, el ponente Christophe Hansen, del grupo parlamentario popular, dijo: "Nos tomamos en serio la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Reconociendo que la UE es responsable de alrededor del 10% de la deforestación mundial, no tenemos más remedio que redoblar nuestros esfuerzos para detener la deforestación mundial. Si conseguimos el equilibrio adecuado entre ambición, aplicabilidad y compatibilidad con la OMC, esta nueva herramienta tiene el potencial de allanar el camino hacia unas cadenas de suministro sin deforestación".
