"Este acuerdo es una excelente noticia para todos los consumidores europeos. Ahora estarán mejor informados de los efectos que tienen las empresas en los derechos humanos y en el medio ambiente. Por lo tanto, habrá más transparencia para los ciudadanos, para los consumidores y para los inversores, y también más legibilidad y sencillez en la información que aportan las empresas. Las empresas deben participar plenamente en la sociedad. El blanqueo ecológico ha llegado a su fin. Con este texto, Europa se sitúa a la cabeza de la carrera normativa internacional, estableciendo estándares elevados acordes con nuestras ambiciones medioambientales y sociales", ha declarado el ministro de Economía, Hacienda y Soberanía Industrial y Digital, Bruno le Maire.
La Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad modifica la Directiva sobre información no financiera de 2014. Introduce exigencias más detalladas en materia de informes y garantiza que las grandes empresas estén obligadas a publicar información en materia de sostenibilidad, como los derechos medioambientales, los derechos sociales, los derechos humanos y los factores de gobernanza.
La Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad introduce asimismo un requisito de certificación de la información publicada en materia de sostenibilidad, así como de mejora del acceso a la información, al establecer que se deberá publicar en una sección concreta de los informes de gestión de las empresas.
El Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG) se responsabilizará de fijar las normas europeas, mediante el asesoramiento técnico de diversas agencias europeas.
La normativa de la UE en materia de información no financiera se aplica a todas las grandes empresas y sociedades que cotizan en los mercados regulados. Estas empresas son también responsables de la evaluación de las informaciones por parte de sus filiales.
Las normas se aplican además a las pymes que cotizan en bolsa, teniendo en cuenta sus características específicas. Las pymes contarán con la posibilidad de una excepción (opt-out) durante un periodo transitorio, es decir que estarán exentas de aplicar la Directiva hasta 2028.
Por lo que se refiere a las empresas no europeas, la obligación de presentar un informe de sostenibilidad se aplica a todas las empresas que generen un volumen de negocios neto en la UE de más de 150 millones de euros y que tengan al menos una filial o sucursal en la UE. Esas empresas deben informar sobre sus efectos ASG, es decir, sobre los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, tal como se definen en la Directiva.
La información deberá estar certificada por un auditor o un certificador independiente acreditado. Con objeto de garantizar que las empresas respeten las normas de presentación de la información, un auditor o un certificador independiente velarán por que la información sobre la sostenibilidad sea conforme con las normas de certificación adoptadas por la UE. La información presentada por las empresas no europeas también debe estar certificada por un auditor europeo o establecido en un tercer país.
El Reglamento se aplicará en tres fases:
