Según la investigación, dirigida por la catedrática María Teresa Costa-Campi, de la Universidad de Barcelona, y elaborado por las investigadoras Elisenda Jové-Llopis y Elisa Trujillo-Baute, la probabilidad de que un hogar se encuentre en situación de pobreza energética aumenta un 9,3% cuando el sustentador principal está desempleado.
Según el estudio, un 8,3% de media de los hogares españoles se encuentra en situación de pobreza energética. Esta tasa media alcanzó un pico máximo del 9% en 2013 y, a partir de entonces, descendió paulatinamente hasta el valor mínimo de 2017, un 7,4%. Esto significa que, aproximadamente en cuatro años, 67.500 hogares españoles dejaron de estar en situación de pobreza energética.
El estudio explica que “los datos demuestran que la pobreza energética es una dimensión más de la pobreza en general, y por ello las medidas para paliar la pobreza energética deben abordarse con políticas sociales, que permitan incrementar los ingresos de las familias, y con políticas de eficiencia energética, para promover la reducción del gasto”.
La investigación plantea una aproximación a la pobreza energética desde la vertiente de los ingresos de los hogares, en base al análisis económico de la relación entre la pobreza energética, el consumo energético y los elementos vinculados a la renta de las familias. En este sentido, concluyen que se trata de un problema complejo, que debe resolverse desde diferentes perspectivas.
El estudio sostiene que la pobreza energética es una dimensión más de la pobreza, con un punto de partida común: la insuficiencia de los ingresos familiares para hacer frente a los gastos, que en el caso de la energía permitan mantener una temperatura adecuada en el hogar y tener unas condiciones de vida dignas.
A partir de la investigación de la Cátedra de Sostenibilidad Energética, se puede configurar un perfil de los hogares españoles en situación de pobreza energética: están ubicados en áreas rurales o con menor densidad de población; viven en régimen de alquiler; en edificios de 25 años o más, y en zonas con condiciones meteorológicas extremas de calor o frío; y son hogares unipersonales o monoparentales, sustentados en buena parte por mujeres.
Asimismo, la condición de desempleo del sustentador principal es el principal determinante de la pobreza energética. Además, los hogares en situación de pobreza energética suelen tener bajos porcentajes de familias que han terminado los estudios de educación superior.
Otros datos relevantes que arroja el estudio son los siguientes:
Otro de los aspectos que tiene en cuenta el informe es la comunidad autónoma, ya que la climatología y el perfil de los hogares de cada una de ellas es determinante a la hora de analizar la pobreza energética. En este sentido, aunque la tasa media nacional de pobreza energética para el periodo 2011-2017 fue de 8,3%, la mayor tasa la registró Castilla-La Mancha, que con un 17,4% duplicó la media nacional. Por el contrario, Ceuta (3,3%), Melilla (4,7%) y Canarias (4,9%) fueron las comunidades con las tasas más bajas.
Por encima de la media nacional y con tasas superiores al 10%, se sitúan las comunidades ubicadas alrededor de la Comunidad de Madrid, es decir, Castilla-La Mancha (17,4%) y Castilla y León (12,8%). A continuación, se sitúan Extremadura (12,2%) y La Rioja (10,8%).
Existen regiones con niveles de ingreso y de gasto de energía dispares. Por ejemplo, mientras que el gasto energético en el País Vasco y Extremadura es casi idéntico para el promedio del periodo analizado, el ingreso promedio anual por hogar es cerca de 10.000 euros superior en el País Vasco, lo que explica una menor incidencia de la pobreza energética en esta última región.
Navarra, Castilla y León, Aragón y La Rioja encabezan las primeras posiciones en cuanto a gasto energético, con un importe anual promedio por hogar considerablemente superior a la media española (1.099€).
Aquellas comunidades autónomas con elevadas tasas de desempleo o menores porcentajes de individuos con estudios superiores son más propensas a tener una tasa de pobreza energética más elevada.
En la Comunicación de la Unión de Energía de 2015, la Comisión Europea declaró que la pobreza energética debería atajarse, preferentemente, a través del sistema general de protección social, y que los mecanismos para proteger a los consumidores vulnerables deberían elaborarse en el marco del sistema de bienestar general. Precisamente en esta línea se orientan las principales recomendaciones del estudio, que señala el sistema general de protección social como principal eje para paliar la vulnerabilidad energética.
El equipo de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona destaca, entre otras, las siguientes medidas, desde la óptica de la renda, que podrían contribuir a reducir los niveles de pobreza energética:
Además de actuaciones desde la óptica de la renta, el estudio también destaca la necesidad de adoptar medidas que actúen sobre el gasto de los hogares, principalmente focalizadas en la mejora de la eficiencia energética.
Según las investigadoras, “las reformas estructurales son el objetivo deseado, pero su aplicación es costosa. Por ello, son recomendables alternativas de bajo coste y rápida aplicación, como las promovidas por el estudio “Rehabilitación exprés para hogares vulnerables (soluciones de bajo coste)”, de la Fundación Naturgy”. Además, estas medidas están en línea con las recomendaciones de la Estrategia contra la Pobreza Energética aprobada por el Gobierno.
Asimismo, el estudio considera conveniente la homogeneización de la fuente de financiación de las actuales prestaciones del bono social eléctrico y el térmico.
