Según el informe, la cifra corresponde al Valor Añadido Bruto (VAB) derivado de una reducción de la capacidad de consumo de las mujeres pensionistas, que perciben menores pensiones que los hombres. Este hecho implica una menor recaudación fiscal por parte de la Agencia Tributaria, traducida en 2.422 millones de euros en IRPF (2,2% del total ingresado) y 2.884 millones en IVA (2,2% de lo ingresado) que dejaron de recaudarse en 2018 por la inexistencia de esta potencial actividad económica. El informe también calcula lo que supone, en términos de empleo, esta menor actividad económica: dejaron de crearse 414.600 puestos de trabajo, equivalentes al 2,1% del total de los ocupados en España ese año.
En palabras de Antonio Huertas, presidente de MAPFRE, “todas las brechas de género son inaceptables, pero la de las pensiones es especialmente lesiva para las mujeres, porque su longevidad y sus necesidades de atención a la salud son aún mayores. Se trata de una desigualdad que se va corrigiendo, pero, por justicia individual, este proceso ha de acelerarse y, por necesidad colectiva derivada de su impacto en la economía, necesitamos que así sea”.
Tal y como señala el estudio, hoy en día el sistema público de pensiones gasta menos recursos en mujeres: el gasto en pensiones para ellas es casi 24.500 millones de euros inferior al de los hombres, a pesar de que las mujeres suponen el 48,4% del total de pensionistas (4,2 millones) y perciben el 51,6% de las pensiones, al recibir más de un tipo de pensión con mayor frecuencia que los hombres.
De este modo, aunque la brecha se ha reducido en las nuevas altas de pensiones porque las mujeres causan su propia pensión, la pensión pública promedio de una mujer, incluyendo todas las contributivas, es de 740,2 euros, frente a los 1.162,3 euros percibidos de media por los hombres pensionistas. Esta diferencia de 422,2 euros se amplía hasta los 450,1 euros en el caso de las pensiones de jubilación.
La trayectoria laboral de las mujeres es uno de los principales determinantes de la menor cuantía de pensión percibida. Dicha trayectoria desemboca, por un lado, en lagunas de cotización por maternidad y cuidados de los hijos; y, por otro, en lagunas de cotización por desempleo de larga duración. Combinadas o por separado dan lugar, en último término, a pensiones por jubilación de menor cuantía que las percibidas por los hombres.
En el caso de las lagunas derivadas de la interrupción de la carrera laboral por maternidad, el impacto sobre la pensión pública por jubilación es mayor cuanto más alto sea el nivel educativo completado por la mujer trabajadora y cuanto más se dilate el periodo de interrupción. De este modo, la pensión contributiva recibida por una mujer con nivel educativo bajo (ha completado la ESO) que decida coger una excedencia para el cuidado de un hijo durante 3 años, así como un periodo de interrupción laboral para crianza de 9 años (que coincide con el momento en el que su hijo cumpla 12 años), será un 10% menor a la que hubiera recibido si no hubiese interrumpido su carrera. Con dos hijos (y, por lo tanto, un mayor periodo de interrupción), la pensión por jubilación sería un 11,9% menor. En el caso de mujeres con nivel de cualificación alto, la pensión se vería reducida en un 14,8% y 18,4%, respectivamente.
Por otro lado, la mayor prevalencia del desempleo de larga duración entre las mujeres es la causante de las lagunas de cotización en este ámbito. Así, según el informe, en 2018 el 11,3% de las mujeres de entre 35 y 44 años habría generado lagunas de cotización por desempleo con motivo de la crisis económica, pero solo un 1,7% podría completarlas voluntariamente para su jubilación a partir de 2019. En el caso de los hombres, se encontraban en dicha situación el 8,6% del total.
Para Marieta Jiménez, presidenta de ClosinGap, “estos datos demuestran el largo camino que queda aún por recorrer para alcanzar una igualdad plena entre hombres y mujeres en todas las etapas de la vida, pero especialmente en el último tramo, el de mayor vulnerabilidad”.
Finalmente, el estudio de ClosinGap destaca que el coste de la dependencia crece desde los 5.000 euros al año -cuando la persona tiene entre 65 y 69 años- hasta casi los 20.000 euros cuando supera los 80 años de edad. El hecho de que las mujeres vivan más años pero con peor salud, como señalaba el primero de los informes del clúster, unido a las pensiones de menor cuantía que reciben, supone que el coste económico de los cuidados de la dependencia de las mujeres de 85 años y más representa 2,4 veces el importe medio de su pensión pública por jubilación, mientras que en los hombres apenas excede en 1,4 veces.
