La jornada, que se ha celebrado en la Torre de Cristal de Madrid, ha sido inaugurada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acompañado por el presidente de la APM, Manuel Almenar y el presidente del Grupo Mutua y su Fundación, Ignacio Garralda.
El ministro del Interior ha calificado la violencia contra los menores como “la mayor infamia de esta sociedad porque se destruye la construcción de la persona, de su dignidad y de su futuro”, y ha dado a conocer la creación de un registro nacional único que incluya cualquier tipo de violencia a la infancia y a sus autores como herramienta “para conocer su alcance y poder establecer políticas serias que mejoren la realidad”. Fernando Grande-Marlaska ha concretado que estas políticas, que contemplarán aspectos preventivos y de mejor detección de las situaciones, se plasmarán en un anteproyecto de Ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia que estará listo antes de fin de año.
Los casos de violencia a la infancia son cada vez más habituales a tenor de las últimas noticias, por lo que el presidente del Grupo Mutua y su Fundación, Ignacio Garralda, ha pedido “como presidente de una fundación que tienen entre sus líneas de actuación el objetivo de acabar con la violencia en los menores, que toda las instituciones y la sociedad se impliquen en esta lucha”.
El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, ha enunciado las tres vías necesarias para acabar con esta lacra: “educación, detección precoz y adopción de medidas de corrección”.
En la primera de las mesas redondas se ha abordado la situación actual de “La protección de los menores víctimas de maltrato en el ámbito familiar y escolar”, por parte de Ricardo Gallego Córcoles, magistrado titular del Juzgado de menores número 1 de Guadalajara; María Teresa Patiño Lafuente, directora general de Servicios para la Familia y la Infancia; Benjamín Ballesteros, director de Programas de la Fundación ANAR; y Alicia Vicente Expósito, jefa del Grupo de Análisis Criminal de Delitos contra las personas de la Guardia Civil.
Desde 2017 más de una decena de niños han muerto a manos de sus progenitores. Este problema creciente se constata en el dato de que “siete de cada diez agresiones a menores se producen en su entorno familiar”, que ha indicado Benjamín Ballesteros. La detección precoz, especialmente por parte de la comunidad educativa, es fundamental para atajar el problema.
En la segunda mesa, titulada “Los ciberdelitos contra el menor: la defensa del acosado y la actuación contra los acosadores”, intervinieron Francisco Manuel García Ingelmo, fiscal adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de Menores; Roberto Fernández Alonso, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, jefe de la Sección de Redes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia; Marcos Gómez, subdirector de Servicios de Ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguirdad (Incibe); y Susana González Ruisánchez, abogada especializada en Derecho Tecnológico y Ciberseguiridad, Consejo General de la Abogacía Española.
Los expertos han coincidido en la necesidad de trabajar en la cultura de la ciberseguridad no solo en los niños, sino también en sus padres. “En Estados Unidos el 5 por ciento de los padres sobreexpone a sus hijos en las redes sociales”, ha apuntado Marcos Gómez, un fenómeno conocido como sharenting.
Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, y Ainhoa Lujambio, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, han sido los encargados de moderar las mesas. María Jesús del Barco Martínez, presidenta de la Sección Territorial de Madrid de la APM y portavoz nacional de la asociación, y juez decana de Madrid, ha clausurado la jornada, reclamando que “todos debemos implicarnos en la educación de nuestros menores” y “educarles en la valentía para que defiendan al que está siendo acosado y en saber que sus derechos acaban cuando empieza la libertad del otro”.
