“Mi fe en la idea del progreso de la civilización es indeclinable, pero las empresas que no acierten a comprender y a trabajar con los valores de las sociedades en las que viven y a las que vamos, dejarán de tener posibilidades”, indicó Zapatero, quien añadió que “apostar por la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad es un estímulo fundamental para las empresas”.
En su opinión, esta ley provoca un impacto indirecto en las empresas, “que se van a tener que tomar en serio la responsabilidad social corporativa”. Además, confió en que se logre una “aplicación efectiva” de la norma, para lo que sugirió “una aproximación al Poder Judicial” mediante un diálogo constructivo.
El presidente del Foro CON R explicó el trabajo que realiza este foro de colaboración público-privada que cuenta con el aval y el apoyo de la ONCE y del Cermi. Según dijo, es un modelo que está llamado a dar buenos resultados con trabajos como éste que tiene el objetivo de que la contratación contribuya a la cohesión social.
“Es una gran ley y espero que la buena voluntad que ha habido hasta ahora en su tramitación se traduzca en la aplicación de una ley moderna, avanzada, socialmente incluyente, ejemplar y referencia para otros continentes. Puede ser transformadora, innovadora y una gran palanca de cohesión”, celebró.
La jornada sirvió para abordar los aspectos sociales de la nueva ley y su aplicación práctica como medio de implementar y desarrollar la responsabilidad social de empresas y del sector público y cómo este reto puede convertirse en una gran oportunidad para la promoción e igualdad de los colectivos más desfavorecidos.
La Ley, que entra en vigor el próximo 9 de marzo, tiene como objetivo fundamental implementar en España una contratación pública socialmente responsable. Para ello, introduce como finalidad de la contratación pública el cumplimiento de principios de integridad y promoción de aspectos sociales como medio de lograr la transparencia, igualdad, concurrencia y una mejor relación calidad precio. Para ello ha introducido novedades dirigidas a la consecución de todos ellos.
Entre otras cuestiones introduce la prohibición de contratar con el Sector Público a aquellas empresas de más de 50 empleados que no cumplan con la cuota legal del 2% de personas con discapacidad en sus plantillas, la posibilidad de incorporar de manera transversal y preceptiva cláusulas sociales así como la reserva de un porcentaje mínimo de determinadas actividades a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.
