“El Gobierno y las Administraciones Públicas tienen la obligación de proteger nuestra salud y evitar la muerte prematura de cientos de personas; no pueden negar las evidencias científicas y deben apostar por el cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón para frenar el cambio climático y cumplir así con el Acuerdo de París”. Así lo ha manifestado Ana Barreira, directora del IIDMA, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente que ha dado a conocer un informe que revela que el carbón causa más de 700 muertes prematuras en España.
Un total de 459 hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias y 387 casos de bronquitis crónica en adultos son algunos de los datos que recoge el estudio “Un oscuro panorama: los efectos en la salud de las centrales térmicas de carbón en España durante 2014”, presentado en Madrid, tras analizar las emisiones contaminantes generadas por las centrales térmicas españolas durante el año 2014.
Los niños son además uno de los colectivos más vulnerables con 10.521 nuevos episodios de asma detectados en niños asmáticos y 1.233 casos de bronquitis.
Los graves impactos sobre nuestra salud también generan elevadas pérdidas económicas valoradas entre 800 y casi 1.667 millones de euros anuales, derivadas del gasto sanitario y la reducción de productividad causada por el absentismo laboral: 163.326 días de trabajo perdido y 747.686 días de actividad restringida (cuando una persona no puede llevar a cabo su actividad habitual por mala salud).
“La zona noroeste de España, donde se encuentran la mayoría de las centrales térmicas de carbón, es sin duda una de las más afectadas por la contaminación atmosférica", apunta Massimiliano Patierno, ingeniero ambiental del IIDMA y uno de los autores de este informe.
"Si tenemos en cuenta la contaminación provocada por las partículas en suspensión (PM2,5), las probabilidades de que fallezca un habitante de Asturias son 6,1 veces más altas que las de un habitante de la Comunidad de Madrid. Quienes viven en Castilla y León corren un riesgo 3 veces más alto en comparación con la población de Extremadura”, señala.
El estudio señala que son necesarias más inversiones en energías renovables, cada vez más competitivas respecto a otras tecnologías convencionales, para avanzar hacia un modelo de desarrollo que proteja nuestra salud, permita frenar el cambio climático y que, sin duda, también son fuente de empleo.
