Desde finales de 2013, la legislación nacional contempla la transparencia a fin de ampliar y reforzar la publicidad de la actividad pública así como establecer las obligaciones de buen gobierno de sus responsables, sin obviar el peso de la colaboración privada en este servicio. Sin emabrgo, en España, instituciones públicas y empresas privadas no logran de hacer de esta práctica una oligación constante y fluida.
Al menos así lo ha explicado al diario El Economista, la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, quien ha puesto de manifiesto que, pese a los avances, aún queda "mucho por mejorar" y que la transparencia es "un elemento de todos y para todos", por lo que es necesario "mirar, escrutar, pedir cuentas y elegir más allá de lo que votamos, a veces sin saber".
Para el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lezcano, también ha señalado a este mismo diario, que el acceso a la información supone el "mejor antídoto" contra la corrupción, un instrumento fundamental para la integridad y el buen gobierno de entidades que la organización trata de promover con comisiones de trabajo en sectores como el financiero.
