El documento que articulará esta estrategia, en cuya redacción se haya inmerso el Ejecutivo riojano, que tendrá una vigencia hasta 2020, contempla medidas en materia de contratación pública, formación y promoción del voluntariado, según informa la Agencia Efe.
Esta estrategia se presenta "ante cambios de tipo social y económico" y el convencimiento de que "esas dos cuestiones deben ir unidas para ser eficaces y para lograr un crecimiento sostenible", ha subrayado el consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar, quien ha detallado, además, que el coordinador de la redacción del documento será el riojano Fernando Riaño, el responsable de responsabilidad social corporativa en la Fundación ONCE.
Escobar ha recordado que hay cláusulas de responsabilidad corporativa, como el reforzar las posibilidades de voluntariado de los trabajadores, que ya están en marcha en la función pública, en un curso de mediación impartido por trabajadores sociales y otro, que se va a poner en marcha, de mediación escolar.
"Queremos diseñar un programa voluntariado que llegue a todas las áreas de la administración", ha asegurado Escobar, que también, en este área, pretende alcanzar dos certificaciones en responsabilidad social, la SG21 y el Sello Bequal, de accesibilidad universal, tal y como ha publicado el diario LA Rioja.
Por su parte, el consejero de Administración Pública, Alfonso Domínguez, se ha centrado en los aspectos relacionados con la contratación y con los empleados públicos. Así, introducirán en los pliegos "medidas de contratación socialmente responsable" para "favorecer que todos los pliegos favorezcan una contratación socialmente responsable". Además, ha explicado que hasta hace poco no era posible ese control, pero una directiva europea lo permite ya si los pliegos introducen ese tipo de cláusulas. De hecho, su incumplimiento puede deparar, incluso, la rescisión del contrato.
Los pliegos introducirán cláusulas de accesibilidad universal a los puestos de trabajo e, incluso, otorgarán puntos por la contratación de trabajadores procedentes de determinados colectivos, como discapacitados, perceptores de renta de ciudadanía, refugiados o mujeres víctimas de maltrato.
Además, los contratos podrán introducir cláusulas medioambientales, de eficiencia energética o de compra responsable.
