Durante ese período, estas cuatro entidades han atendido a 850.000 personas vulnerables y en situación de exclusión y han conseguido empleo para 230.000. Además, han promovido más de 1.000 iniciativas de creación de empresas y empleo autónomo.
Esta labor conjunta por el empleo de las personas más vulnerables ha sido posible con el apoyo del Gobierno español y del Fondo Social Europeo, junto al efecto multiplicador aportado por los recursos propios de cada una de las organizaciones participantes y a la creación de una amplia red de apoyo en la que han participado empresas e instituciones sociales de toda España.
El POLcD, una iniciativa única en Europa, ha recibido a lo largo de estos años numerosos premios y reconocimientos. Asimismo, ha sido reseñado por la Comisión Europea en múltiples ocasiones como ejemplo de buenas prácticas y de innovación social.
Una evaluación independiente promovida por las cuatro organizaciones participantes en este Programa, que ha movilizado cerca de 700 millones de euros y que cuenta con un capital humano especializado de 1.600 profesionales y 29.000 personas voluntarias, ha demostrado que el empleo de estos recursos es una buena inversión social, pues por cada euro invertido se produce un retorno de 1,4 euros.
Cáritas, Cruz Roja, Fundación ONCE y Fundación Secretariado Gitano demuestran, con la acción desarrollada todos estos años que invertir en la inserción socio-laboral de los grupos vulnerables no contribuye solamente a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de aumentar el empleo y reducir la pobreza y exclusión social, sino que permite aumentar los ingresos públicos vía impuestos y cotizaciones sociales, lo que supone un ahorro en el gasto social y un impulso a la dinamización de la economía.
En el actual período de ejecución de 2014-2020, los Reglamentos exigen que el 20% de los recursos del FSE se dedique a personas vulnerables y en exclusión. La experiencia acumulada por estas cuatro entidades y su capacidad para dar respuesta a las necesidades de estos grupos, las sitúa como actores clave en la ejecución de las acciones del nuevo Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social.
