En la misma línea se pronunció Javier Gavilanes, jefe de Cooperación Sectorial de AECID, quien, en la presentación del foro, destacó que “los convenios deben ser un instrumento para la cooperación entre la empresa, el sector público y la sociedad civil”, algo que para Fernando Riaño, director de RSC y Relaciones Institucionales de Fundación ONCE, es un nexo “para la cooperación internacional al desarrollo y la generación de empleo para personas con discapacidad”. Por su parte, Diego Moñux, vocal de Empresa y Desarrollo de ONGAWA añadió que “el debate no es si la empresa tiene que contribuir al desarrollo, sino con qué mecanismos y herramientas”.
En la primera mesa de debate, titulada ‘Negocios inclusivos: de la visión al impacto’, que moderó Juliana Mutis, directora de Minka Dev y fundadora del Laboratorio de Negocios Inclusivos del IESE, se unió la visión inicial de las empresas con el impacto final en las comunidades en desarrollo. Mutis hizo hincapié en que “cualquier tipo de negocio inclusivo es válido si existe una necesidad”.
Mercedes García de Vinuesa, presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, indicó que “el negocio inclusivo es una forma de poner el centro del negocio en las personas y el medio ambiente”. “Si no atacamos todo lo que causa la pobreza, sólo estamos poniendo un parche en una herida sangrante”, advirtió. Sara Ladra, directora adjunta de Cooperación Internacional en el ICEX, resaltó que el apoyo de las empresas a la agenda 2030, donde se enmarcan los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) “es una ventaja competitiva para las empresas españolas”. “Si las empresas no incorporan la inclusión y la sostenibilidad en sus políticas, sus negocios no serán completos”, añadió.
En la segunda mesa, que fue moderada por Lola Huete, responsable de ‘Planeta Futuro’ con el nombre de ‘La empresa en la nueva agenda global de lucha contra la pobreza’, Helena Ancos, directora de ANSARI Innovación Social, advirtió de que “la pobreza, hoy por hoy, afecta a países desarrollados y en vías de desarrollo por igual”, y recomendó articular mecanismos de gobierno de los ODS y promover incentivos para atraer a las empresas. En este sentido, Miguel Ángel Martínez de la Riva, jefe de Empresa y Desarrollo de AECID, resaltó que “hay que poner en valor el saber hacer de cada uno de los actores que intervienen en la cooperación al desarrollo”.
Asimismo, Eduardo Sánchez, director de Relaciones Institucionales de ONGAWA, ha destacado que “las empresas no son las responsables de promover los derechos humanos sino de respetarlos”, y ha emplazado a los gobiernos a tomar responsabilidades, ya que “son ellos los que han firmado los acuerdos internacionales”. Asimismo, propuso que existan “nuevas formas de colaboración entre la empresa y la sociedad civil como motor de desarrollo”. José Luis Blasco, responsable de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento en KPMG España, añadió que “en la medida en la que reforcemos los mecanismos de transparencia y equidad, conseguiremos sociedades más justas”.
Por último, en la mesa moderada por Michelle Lau, ‘Huella social: gestionando el impacto social en el desarrollo’, la directiva insistió en que todavía hay 327 millones de personas en desempleo y por debajo del umbral de la pobreza. Esto, según Miguel Laloma, director de Empresas en Fundación SERES, es subsanable con un mayor contacto con los stakeholders. “Cuando una empresa trabaja en los ODS, adelanta a la competencia porque tiene una mayor comunicación con sus grupos de interés”, aseveró.
Para ir más allá, Ana Alcalde, directora de Alianza por la Solidaridad, propuso un cambio de modelo productivo: “Lo que sabemos de forma clara es que hay que cambiar el modelo de producción y de consumo, porque éste genera pobreza y deteriora el planeta”, concluyó.
