Los abusos sexuales a menores suponen el sometimiento de un menor a comportamientos sexuales por parte de una persona, adulta u otro menor, en un contexto de desigualdad de poder, habitualmente a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación. Este tipo de abusos son una forma de violencia contra la infancia que supone una vulneración flagrante de los derechos más elementales de los niños.
Save the Children explica que la denuncia de estos delitos requiere de años para salir a la luz. El estigma y el trauma ocasionado, la incomprensión y vergüenza asociados a los abusos, así como el hecho de que en muchas ocasiones los abusos son producidos por personas del círculo de confianza del menor suponen que las víctimas no lo denuncien, y si lo hacen, se encuentran con un sistema judicial hostil y poco adaptado a sus necesidades específicas.
La prescripción de los delitos supone que los abusadores salgan, en muchas ocasiones, impunes, ya que las denuncias de estos abusos sexuales no son realizadas por las víctimas hasta que ya se encuentran en la edad adulta, una vez que han sido capaces de entender y enfrentarse a los abusos vividos.
Desde 1999, una vez que la víctima cumple los 18 años tiene un plazo entre 5 y 15 años, según la gravedad del abuso, para denunciar. Pasado este plazo, el delito prescribe y la víctima no puede actuar contra su abusador.
Para Save the Children es inaceptable que ningún crimen de estas dimensiones pueda quedar impune y lucha por la defensa de las víctimas y la restauración de sus derechos, y por ello, exige los poderes públicos y a los partidos políticos:
Save the Children publica también otras cifras que representan solo una aproximación de la magnitud de la crisis de protección de la infancia: cada 5 minutos muere un niño a causa de violencia, 1 de cada 3 niñas de países en desarrollo contraen matrimonio antes de los 18 años, 85 millones de niños trabajan en condiciones peligrosas o que 12 millones de niños se han visto obligados a desplazarse de sus hogares de manera forzosa.
