16/03/2016 07:44:17

Un grupo de padres reclama ante la Seguridad Social permisos de paternidad de 16 semanas

Por el momento son ocho los padres que ya han iniciado el recurso legal ante los Juzgados de lo Social

"Nos han obligado a llegar a este punto", declara Javier, uno de los padres que ayer por la mañana exigía ante el Juzgado de lo Social de Madrid un permiso de paternidad de 16 semanas, intransferible y remunerado al 100% como el de maternidad. Acompañados de sus familias, de la Abogada Elena Rodilla y de numerosas personas de la PPIINA, algunos de los demandantes comparecieron ante los medios de comunicación para explicar las razones de su drástica decisión.

La indignación de estos padres llega por "no poder cuidar de sus hijos e hijas en igualdad". "Solo estamos exigiendo un derecho laboral y una prestación de la Seguridad Social que nos hemos ganado con nuestras cotizaciones, ¿por qué nos lo niegan?", expresa Raúl, otro de los padres que comparecieron.

La acción está respaldada por la PPIINA, una plataforma que lleva más de 10 años luchando por permisos de paternidad y maternidad iguales, intransferibles y pagados al 100%. Según ha explicado Ángeles Briñón, co-portavoz de la PPiiNA, lo vivido ayer es producto "de cuatro años de bloqueo de la vía parlamentaria y de inmovilidad del Gobierno". "Los padres se han visto obligados a ir contra la Seguridad Social porque necesitan el derecho a cuidar de sus bebés y no pueden esperar sentados mientras el Congreso sigue retrasando sine-die la equiparación de su permiso con el de maternidad", afirmó Briñón.

Mariano Nieto, también co-portavoz de la Plataforma, añadía que, "con el actual sistema, las madres, una vez terminado su permiso, no pueden ser sustituidas en el cuidado por el otro/a progenitor/a, lo que les origina graves dificultades para reincorporarse a sus empleos. Mientras, a las criaturas se les priva del cuidado y del vínculo con su papá (o con su otra mamá)".

La abogada Elena Rodilla explicó los principales argumentos de la demanda. Esta, según expuso, se fundamenta en los principios de la Constitución Española y la Carta Europea de Derechos, así como en la normativa comunitaria y nacional de los últimos años. Para ello, recurre a la jurisprudencia existente sobre la aplicación del principio de igualdad; la prohibición del trato diferencial discriminatorio, la protección a la familia y a la infancia; y la interpretación no formalista de las normas.

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