La modificación legal, que se prevé que afecte a un millón de viviendas de protección pública del país, incluye también parte de las zonas comunes de las urbanizaciones, en las que tampoco se podrá fumar en un espacio de 25 pies (7,62 metros) a contar desde el límite de las viviendas.
El departamento de Vivienda y Desarrollo Urbanístico del país, que prevé unos ahorros de 153 millones de dólares (casi 142 millones de euros) en gastos relacionados con el cuidado de la salud, en medidas de prevención contra incendios y en obras de reparación, ofrece un plazo máximo de 18 meses para la entrada en vigor de la normativa antihumos. Una normativa respaldada por motivos como la protección de la salud de los residentes y la mejora de la calidad del aire, pero también por el descenso que se presupone del riesgo de incendios y de los gastos de mantenimiento, ya que algunas de las inversiones que se realizan en las urbanizaciones están relacionadas con la existencia de fumadores y de humos.
