El foro, al que ha asistido cerca de un centenar de personas, se ha centrado en qué se necesita para que los ciudadanos con especiales dificultades puedan crear su propio negocio y facilitar así su inclusión social.
"En Europa, y en España en concreto, diversos colectivos se enfrentan a barreras más duras que otros para emprender. Las organizaciones que trabajamos con ellos somos responsables de generar las condiciones para que esto cambie ofreciéndoles programas de formación y asesoramiento, entre otros, y movilizando a las instituciones públicas para que tomen las medidas necesarias que permitan que el emprendimiento sea una opción real para cualquier ciudadano", explicó Luis González, director de Acción Social en España y Cooperación Descentralizada de Acción contra el Hambre.
El emprendimiento inclusivo es aquel que permite la inserción laboral de personas con especiales dificultades como mujeres, jóvenes, inmigrantes, personas con discapacidad o minorías étnicas, entre otras.
Según el estudio "The missing entrepreneurs" (Los emprendedores olvidados), que elabora la OCDE, el principal freno para que los colectivos vulnerables puedan emprender es la falta de financiación, especialmente entre los jóvenes y las mujeres. Otras dificultades son la carencia de competencias emprendedoras y para el autoempleo, no contar con una idea de negocio, la dificultad para conciliar vida personal y laboral, la burocracia y la presión fiscal.
Los ponentes concluyeron que son tres los apoyos necesarios para que estos colectivos puedan emprender y no fracasen, ya que, en el caso de España el 50% de las nuevas empresas desaparecen a los tres años de su creación. "Es importante que se desarrolle un sistema de microfinanzas sólido, cosa que la legislación actual no permite. No hablamos sólo de facilitar el acceso a financiación sino de acompañar durante todo el proceso de creación, lanzamiento y gestión posterior del negocio para el que se ha concedido el microcrédito", apuntó González.
La segunda medida requiere también la implicación de la Administración ya que supone un nuevo marco legal y fiscal que facilite a las personas con dificultades el desarrollo de su negocio, como puede ser una reducción de la carga fiscal hasta que la cuenta de beneficios no sea positiva. "Son imprescindibles medidas que rebajen la presión fiscal ya que el objetivo es promover la inserción laboral de estas personas", explicó. Del mismo modo, se podría simplificar los requisitos administrativos que se piden a las pequeñas empresas para su constitución.
La tercera medida es ofrecer programas de formación y de coaching y mentoring para que estos colectivos adquieran competencias emprendedoras y para el autoempleo. En ese sentido, David Halabiski, del Centro para el Emprendimiento, Pymes y Desarrollo local de la OCDE, coordinador de la publicación The missing entrepreneurs, ha expuesto que la financiación en sí no es suficiente sino va de la mano de formación y asesoramiento. "El principal problema de los programas formativos actuales es que se limitan a enseñar a los emprendedores a lanzar su empresa, cuando lo que necesitan es aprender a tener un proyecto empresarial sostenible en el tiempo", señaló.
Durante el foro, presentaron diferentes iniciativas innovadoras que se están desarrollando en Europa para apoyar que grupos desfavorecidos puedan emprender. Asimismo se ha hecho hincapié en la empresa social, un tipología de negocio que actualmente da empleo a más 11 millones de personas en Europa, lo que supone el 6% del total.
