La organización denuncia en su informe que desde 1998, cinco años antes de que comenzaran las obras, Azata ya sabría por notificación del Ministerio de Medio Ambiente que estaba vulnerando la Ley de Costas. “A pesar de esto, la promotora pide hasta 70 millones de euros de indemnización y está siendo defendida por el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) como “víctima de la irracionalidad de la administración”, defienden los responsables de la ONG.
Aunque “el hotel puede ser considerado ilegal a partir de las cuatro sentencias del Tribunal Supremo que confirman que incumple la Ley de Costas y que en 2012 niega a Azata a ser indemnizada”, recuerda Greenpeace, el pasado año, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) daba un giro al proceso y legalizaba la licencia de obras tras justificar que el suelo era urbanizable. “La contradictoria sentencia del TSJA del 2014 ha creado una inseguridad jurídica sin precedentes, que incluso incumple el derecho comunitario, pues los terrenos están protegidos en el marco de la red Natura 2000 europea. Incumple además leyes nacionales como la Ley del Suelo o la de Biodiversidad” ha declarado José Ignacio Domínguez, abogado de varias organizaciones ecologistas. “Somos optimistas ante el próximo fallo pues el Supremo acordaba en 2011 protejer el Algarrobico como área natural, por tanto y con reiterada jurisprudencia el Alto Tribunal no debería dictar una sentencia contradictoria con otra de carácter firme porque afecta a la seguridad jurídica”, concluye Domínguez.
“Independientemente de lo que resuelva el Tribunal Supremo el hotel ya es ilegal porque vulnera la Ley de Costas y al igual que ha ocurrido en otras partes del país, es deber de la administración demoler inmediatamente el hotel”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace. “Una vez más podríamos ver cómo en nuestro país se protege a constructoras que desprecian las leyes ambientales y urbanísticas, si gracias a los vaivenes judiciales de la Junta de Andalucía y del Estado se permite abrir el hotel o indemnizar a Azata”, subraya Marcos.
El informe de Greenpeace destaca las cifras de crecimiento de la afluencia turística a los espacios naturales de Andalucía que se han multiplicado por 10 desde el año 2004 en contraposición al precio medio de hoteles de 4 y 5 estrellas que acumula años de caída. Además, la organización ecologista recuerda que el entorno dañado por la construcción del hotel puede ser restaurado. Según un ESTUDIO realizado por la asociación de arquitectos n’Undo junto con la organización ecologista con el desmantelamiento por fases del edificio se podrían reciclar los materiales del hotel al 98% y generar hasta 400 empleos en la comarca.
