"Con esta protesta pacífica Greenpeace quiere denunciar que las reformas legislativas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana suponen un recorte de los derechos de libre expresión, reunión y manifestación, recogidos en la Constitución Española", ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace. Y es que la gran mayoría de fuerzas sociales y políticas rechazan estas reformas, que las consideran “un ataque del Gobierno contra la protesta pacífica de la sociedad civil ante la crisis política generada por los escándalos financieros, la corrupción, la privatización de servicios públicos o los recortes sociales”.
Según denuncia la organización, ambas reformas legales incluyen un incremento de las penas y sanciones “por conductas relacionadas con el ejercicio de los derechos de libre expresión, reunión y manifestación”. Las reformas incrementan las penas para los delitos existentes en materia de orden público e introduce nuevas conductas delictivas que señalan directamente las manifestaciones y formas de protesta de uso reciente, como la ocupación de entidades bancarias o la resistencia a los desahucios.
Por ejemplo, si tomamos Greenpeace como referencia, se incluyen tipos nuevos de infracciones como desplegar pancartas en fachadas o manifestarse en la puerta de instalaciones de energía térmica o nuclear. Lo que puede suponer sanciones económicas, de hasta 30.000 en el caso de las graves o 600.000 € en el caso de las muy graves.
"Ante el incremento de las protestas y las nuevas formas de reivindicación que surgen para luchar contra la precariedad social, el Gobierno ha optado por la represión en lugar del diálogo. En vez de solucionar el origen del descontento o de adaptar el rumbo de sus políticas, el Gobierno ha elegido por intimidar al ciudadano a través de multas desorbitadas", ha añadido Soto.
