La ONG también pone de manifiesto el contraste de dichos datos con la recaudación del impuesto de sociedades que entre 2007 y 2014, que cayó un 56% suponiendo una reducción de 25.000 millones de euros. Una cifra que, según señala Oxfam, sería suficiente para duplicar las prestaciones de desempleo de este año. También contrastan los datos sobre la población española en riesgo de pobreza y exclusión, que creció en dos millones, pasando del 23,3% de la población en 2007 al 27,3% en 2013.
A todo esto, el informe subraya la responsabilidad de los gobiernos en la lucha contra la evasión y la elusión, ya que la baja contribución fiscal tiene tremendas consecuencias sobre las arcas de los Estados y sobre la ciudadanía. Según la Agencia Tributaria, el tipo efectivo de las grandes empresas en España es del 5,3% (en lugar del 30% nominal que les hubiera correspondido hasta ahora), mientras las pymes pagan un 16% sobre su resultado contable. Si las grandes empresas hubieran pagado al menos tanto como las pymes, se hubieran recaudado 8.227 millones de euros más, suficiente para financiar 6 veces el presupuesto de dependencia para todos las personas que lo necesitan (1,2 millones), asegura la organización.
“Que sea legal, no significa que sea moral. En la mayoría de los casos las empresas no están cometiendo ilegalidades, sino utilizando mecanismos que están a su alcance para no pagar impuestos. Pero no es posible seguir hablando de la responsabilidad social sin tener en cuenta su responsabilidad fiscal. Es uno de los impactos más claros y directos de la actuación de una empresa allí donde opera, y la expresión más directa de su compromiso con la sociedad”, afirma Jaime Atienza, director del departamento de campañas y ciudadanía de Oxfam Intermón.
El informe resalta que si bien el sistema fiscal internacional es un verdadero coladero por el que se fugan recursos vitales para todos los países, el coste es particularmente sangrante para los países en desarrollo. Según cálculos conservadores de Oxfam los países en desarrollo pierden cada año cerca de 100.000 millones de dólares por abusos fiscales de grandes transnacionales, cifra suficiente para garantizar la escolarización de todos los niños del mundo. Estas salidas de flujos financieros también han tenido como consecuencia que África haya perdido cerca de 1,8 billones de dólares entre 1997 y 2008 y continúe dejando de ingresar unos 50.000 millones cada año. Chad, uno de los países más pobres del continente pierde anualmente el equivalente al 20% de su Producto Interior Bruto.
Otro dato que la ONG pone sobre la mesa: la recaudación que podría generarse por gravar los rendimientos de capital que los ricos latinoamericanos esconden en paraísos fiscales, sería más que suficiente para que 32 millones de latinoamericanos salieran de la pobreza monetaria. Es decir, todas las personas que viven en pobreza en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú juntos.
“Los gobiernos tienen la obligación de promover una reforma del sistema fiscal internacional de más largo alcance que la puesta sobre la mesa por la OCDE y el G20, que no refleja una participación democrática de todos los países en su diseño, y deja fuera cuestiones vitales que afectan principalmente a las economías menos avanzadas”, afirma Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal en Oxfam Intermón.
Oxfam Intermón lanza una petición para que los partidos políticos que concurran a las próximas elecciones incorporen en sus programas electorales la puesta en marcha de una Ley Contra la Evasión Fiscal, que ayude a generar ingresos para todas las personas y que garantice financiación para las políticas públicas como la sanidad, la educación, la protección social y la cooperación. Esta ley tiene que contribuir a cerrar todos los resquicios de la elusión fiscal.
