"Empiezan por Francia y continúan con la devastación en España, aunque no son los únicos, también hay nacionales acuciados por la crisis", explica a Efe el secretario general de la Federación Española de Empresarios de Setas y Trufas, Miguel Segura. La Guardia Civil está "desbordada" e incluso "se ha llamado a una Delegación del Gobierno para que actúe", agrega.
Un portavoz del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) explica que tres años atrás varios ayuntamientos manifestaron su creciente malestar por las prácticas de grupos acampados en sus montes.
Usan rastrillos y otro instrumental dañino para la capa del suelo, destrozando un sustrato esencial para la supervivencia del hongo, y recogen de forma indiscriminada, explica el Seprona. Otros problemas detectados son el uso de bolsas de plástico para la recolección -en vez de una cesta de mimbre para que las esporas del fruto se diseminen y crezcan setas nuevas-, y la mezcla en el mismo recipiente de ejemplares comestibles con tóxicos.
Las zonas más afectadas por los depredadores micológicos están en Castilla y León, Huesca, Teruel y Guadalajara. Según el portavoz del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, las sanciones tampoco son muy graves. La mayoría de las veces se aplican infracciones administrativas -por no poseer permiso de recolección-; faltas de hurto -si la mercancía no supera los 400 euros de valor-, o delitos de hurto si la cuantía es mayor.
Para acotar estas prácticas lesivas desde el punto de vista medioambiental y económico, los empresarios y el Ministerio de Agricultura pusieron en marcha hace un mes el llamado contrato marco agroalimentario entre el propietario forestal y los buscadores de setas.
