El sábado, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha convocado una marcha en Madrid para protestar contra la situación. Gracias a las renovables ha descendido considerablemente el precio de la electricidad, asegura Greenpeace, que da soporte a la reclamación. Hace sólo 13 años “el precio medio era un 77% más caro”. Un descenso de precios que no parece beneficiar a las eléctricas, un hecho que, junto a la crisis, la ONG considera la causa de este ataque a las renovables.
Sólo en Extremadura, por poner un ejemplo, 4.600 familias producen energía solar fotovoltaica, con 600 Mw limpios instalados. Por su parte, los productores fotovoltáicos de Mérida están debatiendo sobre la situación del sector y planificando acciones para llevar a cabo. Aseguran que la decisión del gobierno “altera de manera retroactiva las condiciones que el Estado propuso para que los ciudadanos colaborase con sus ahorros a la construcción de un nuevo modelo energético sostenible y socialmente responsable”. En este sentido, una vez puestas en marcha las plantas de generación, lo que supuso hipotecar muchos de sus patrimonios, se ha derogado el sistema de apoyos que se acordó “para imponer, sin ningún tipo de consenso político ni territorial, un mecanismo que supone recortes del hasta el 50% de los retornos que garantizaba el Estado, con lo que resultan inviables la mayor parte de las instalaciones”. A su vez, consideran que el objetivo de las recientes medidas es “favorecer las tecnologías fósiles y la generación nuclear y expulsar del sistema energético a las fuentes renovables”.
El presidente de la asociación, Miguel Angel Martínez-Aroca, aseguró que cada productor fotovoltáico tiene derecho a presentar una demanda ante el Supremo para reclamar la situación. De hecho, Extremadura y Murcia ya han impugnado la reforma por inconstitucional, informa El Periódico de Extremadura.
