ASPAPEL destaca que la nueva Ley de Montes debe impulsar la certificación forestal, porque el desarrollo del “sector forestal y de las industrias derivadas sólo será posible impulsando la certificación forestal, que garantiza al consumidor que esos productos forestales proceden de bosques gestionados de manera sostenible”, y añaden que los bosques gestionados sosteniblemente sufren menos incendios y contribuyen al desarrollo rural e industrial. Hasta ahora, una impulso difícil de conseguir a causa de la fragmentación de la propiedad forestal, con explotaciones pequeñas, dispersas y sin modelos de gestión ordenados, según argumentan. Y añaden que España, aún y ser el tercer país de la Unión Europea en superficie forestal arbolada (sólo por detrás de Rusia y Suecia), desaprovechamos el 60% de nuestro potencial forestal.
Actualmente, la economía del bosque supone en España casi 30.000 empresas, cerca de 200.000 trabajadores (selvicultura y repoblación, industria papelera, de la madera y el mueble, de la biomasa…) y una cifra de negocio de más de 18.000 millones de euros. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), nuestros bosques han pasado de ocupar 13,8 millones de hectáreas en 1990 a 17 millones de hectáreas en 2000 y 18,2 millones de hectáreas en 2010. La Asociación también considera necesario que en cultivo de cosecha intensiva con especie forestal no se pierda la calificación de suelo agrícola, ya que la biomasa es fundamental para alcanzar en 2020 el objetivo de la UE de que el 20% de la energía y el 10% de los combustibles sean renovables. , la biomasa es fundamental, por lo que hay que disponer de suelo para este tipo de cosechas, sin perder su calificación y sin causar perjuicio al agricultor.
