Lanzer asegura que la situación es una de las más desesperantes que ha visto jamás: “No es una exageración decir que estamos afrontando uno de las pruebas más graves que la comunidad internacional ha tenido que afrontar jamás”, publica The Guardian. “Nos enfrentamos a la mayor crisis y emergencia a la que he tenido que hacer frente, y solía trabajar en Darfur y la República Centroafricana”, destaca. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que, según informa El País, proporciona ayuda alimentaria a más de 500.000 personas en todo el país, pronostica que 3,9 millones de personas en el país se enfrentarán a niveles de emergencia o crisis alimentaria en verano, mientras que las últimas estimaciones apuntan a que 4,9 millones de personas ya se encuentran actualmente en necesidad de ayuda inmediata, informa The Guardian. Según Oxfam Internacional, más de 900.000 personas han abandonado sus hogares y se encuentran desplazadas dentro del país. Concretamente en Juba, el 80% de los desplazados son mujeres y niños. Muchas de estas personas han huido a Etiopía, Kenia, Sudán o Uganda.
La semana pasada, la ONU ya condenó a las violaciones de los derechos humanos cometidas en Sudán del Sur: asesinatos por razones étnicas, violaciones y ataques deliberados contra la población civil. Denuncia Amnistía Internacional que estos ataques “constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad “. Según informa la organización en su último informe sobre la cuestión, “se ha atacado sistemáticamente a civiles en ciudades y poblados, dentro de sus casas y en iglesias, mezquitas, hospitales e incluso recintos de la ONU donde habían buscado refugio”, en un conflicto que “se desencadenó por una disputa política y “ha adquirido una dimensión marcadamente étnica”. El presidente pertenece a la tribu dinka y el líder de los rebeldes y exvicepresidente a la nuer.
Entre otros casos, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU denunció y expresó hace tres días su profunda preocupación por la condena a muerte y a recibir 100 latigazos de una embarazada acusada de adulterio y apostasía, Meriam Ibrahim, de 27 años de edad. “Estamos muy preocupados por el estado físico y mental de la señora Ibrahim, que está en el octavo mes de embarazo y también de su hijo de 20 meses, que está detenido con ella en una prisión para mujeres cerca de Kartum, supuestamente en condiciones muy duras”, señaló el portavoz de esa oficina, Rupert Colville, en conferencia de prensa en Ginebra. En este sentido, la ONU exigió al gobierno del país cumplir sus obligaciones en cumplimiento del derecho internacional.
