La decisión sale del debate de las enmiendas a la totalidad presentadas al Proyecto de Ley de Justicia Gratuita celebrado ayer en el Congreso de los Diputados, por parte de seis grupos de la oposición. Previamente, sólo se concedía el beneficio de la justicia gratuita a aquellas entidades que acreditasen recursos insuficientes, fundaciones y asociaciones de utilidad pública, informa El Economista. Ahora el beneficio se amplía a las ONG, que se suma a la lista junto a las asociaciones de víctimas de violencia de género, del terrorismo, las de discapacitados y menores.
Las ONG denunciaban trabas importantes a su acción y aseguran que defienden un derecho fundamental, el de “disfrutar de un medio ambiente adecuado” según el artículo 45 de la constitución, destaca Greenpeace. Un derecho que, añaden, se ampara en directivas europeas y el Convenio de Aarhus, que reconoce los derechos públicos y el acceso a la información, la participación y la justicia en materia de medio ambiente.
