El anteproyecto incorpora las propuestas planteadas por la comisión de expertos en materia de gobierno corporativo que fueron analizadas por el Gobierno el pasado 18 de octubre. Las modificaciones inciden sobre todo en las sociedades cotizadas, aunque también introducen novedades en todas las sociedades.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha citado entre las novedades para las sociedades cotizadas que la política de remuneraciones de los consejeros será votada por la junta general de accionistas con carácter vinculante cada tres años. Se reduce el plazo máximo del mandato de los consejeros de seis a cuatro años. Cuando el presidente sea a su vez consejero ejecutivo de la sociedad, su nombramiento requerirá el voto favorable de dos tercios del consejo.
Como novedades para todas las sociedades, Sáenz de Santamaría ha indicado que se extiende a las sociedades anónimas la prohibición de voto de los socios en determinados supuestos de conflicto de interés y se tipifican de forma más precisa los deberes de lealtad y diligencia de los administradores. Además, la remuneración de los administradores deberá ser razonable y acorde con la situación económica de la sociedad y con las funciones que les sean atribuidas.
La norma se incluirá dentro de la modificación del código de sociedades que está elaborando el Gobierno y que forma parte del Código Mercantil, según ha avanzado la vicepresidenta.
