En cambio, se han opuesto a la ley los parlamentarios del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el grupo mixto (ERC, Amaiur, BNG, Compromís y Geroa Bai). Según informa la agencia Efe y recoge el periódico La Vanguardia, la iniciativa ha sido aprobada tras un año de negociaciones, de las que tanto el PSOE como la Izquierda Plural se han descolgado en protesta por el caso Bárcenas.
Buena parte de las intervenciones en el debate de aprobación de la norma han hecho referencia, precisamente, a este asunto. El diputado del PP Pedro Gómez de la Serna, que también ha hecho alusión al caso Bárcenas, ha acusado al PSOE de haber abandonado su apoyo a la iniciativa "por pura táctica de erosión al gobierno". Desde CiU, el diputado Jordi Jané ha señalado que la norma es "mejorable", pero ha expresado su esperanza de que la nueva ley suponga un "avance en la regeneración democrática, que hace más falta que nunca."
Algunas de las voces más críticas han sido la del diputado de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y CHA) Joan Josep Nuet y la del parlamentario de UPyD Carlos Martínez Gorriarán. Nuet ha asegurado que la Ley de Transparencia será recordada como una "operación de distracción en medio de unos de los mayores casos de corrupción en España". Su tramitación ha sido, según el diputado de Izquierda Plural, la "gran coartada del PP para no practicar la transparencia, pero hablar repetidamente de ella". Martínez Gorriarán, por su parte, ha lamentado que la Ley de Transparencia haya acabado siendo una "ley menor", que pasa "de puntillas" por "temas espinosos". El diputado de UPyD ha señalado que, por ejemplo, la nueva norma no permite saber cuánto ha costado la promoción de la candidatura olímpica de Madrid 2020.
La Ley de Transparencia, que en un principio planteaba únicamente regular aspectos relativos a las administraciones públicas, ha acabado incluyendo instituciones como la Casa del Rey, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y la Iglesia Católica. Además, a través de esta norma, el Congreso ha aprobado una disposición adicional que modifica la Ley de Previsión de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo.
