Según recoge la agencia Europa Press, el importe destinado a los servicios sociales y la promoción social se reducirá hasta los 1.809,81 millones de euros. El presupuesto de esta partida ha de cubrir los gastos de acción social (dependencia y atención a colectivos vulnerables), de promoción social (juventud, igualdad y lucha contra la violencia de género) y de gestión de los servicios sociales (centrada en el IMSERSO).
El recorte afectará de forma desigual a estos ámbitos. Así, por ejemplo, mientras que en los recursos destinados a la prevención de la violencia de género la partida disminuirá un 1,54%, en la atención a la dependencia la caída será mucho más acusada, del 47%. Además, el proyecto de Ley de los PGE recoge la suspensión de determinados artículos de la Ley de autonomía personal y atención a la dependencia. Entre ellos, se eliminarán aquellos que establecen que la asistencia prestada a los dependientes está determinada por un acuerdo entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, enmarcado en el Consejo Interterritorial de Dependencia.
Los 1.809,81 millones de euros destinados a servicios sociales y promoción social serán complementados con actuaciones de promoción y protección social, que cuentan con un presupuesto de 179.875 millones de euros. Sin embargo, según indican desde Europa Press, el grueso de esta última partida se destinará a empleo y pensiones.
