El PSOE, la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), UPyD y parte del grupo mixto (Amaiur, ERC, BNG, Compromís y Geroa Bai) han votado en contra del proyecto impulsado por el Gobierno de Rajoy para combatir la corrupción política y fomentar la regeneración democrática tras casos judiciales como el de la trama Gürtel, en Madrid y Valencia, y el de los ERE fraudulentos, en Andalucía.
El PSOE critica el rechazo a sus iniciativas
Según recoge RTVE, el ponente socialista Enrique Serrano ha reconocido el "trabajo silencioso" y de "aproximación discreta durante meses" que ha tenido con el Gobierno, "incluso en circunstancias difíciles", para pactar esta ley, pero ha insistido en que la "obstaculización" del PP a las iniciativas de control al Gobierno por el caso Bárcenas impide al PSOE apoyarla. Sin mencionar a Bárcenas, Serrano ha dicho que desde julio el PP mantiene una "contradicción insalvable" entre esa obstaculización y la apelación a la Ley de Transparencia como "bálsamo" de todos los males.
La gestión por parte de la mayoría absoluta del PP del caso Bárcenas en sede parlamentaria ha llevado a que tanto los diputados socialistas como los de la Izquierda Plural y grupo mixto no participen en los trabajos de la ponencia desde hace dos meses. Así que los populares llevan desde entonces con el representante de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, como único interlocutor para negociar enmiendas, al que finalmente también se sumaron CiU y el PNV. Una vez que la ponencia concluyó su dictamen, éste fue aprobado en la Comisión Constitucional el pasado 31 de julio con los votos del PP, CiU y PNV. En aquella ocasión, aunque los socialistas habían anunciado su voto en contra, finalmente se abstuvieron y alegaron que lo habían hecho por "error".
En su intervención, el ponente del PP Esteban González Pons ha arremetido contra los socialistas acusándoles de cometer un "error histórico" y de "preferir que la corrupción siga viva con tal de que sólo mate al contrario". Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha preferido no entrar en los "motivos y razones" aducidos por el PSOE para desmarcarse de la ley, pero ha subrayado que el Ejecutivo "no descansará" durante el trámite en el Senado para poder incorporar a más grupos a la norma. "Sólo voy a recordar que la democracia se debe seguir construyendo y regenerando cada día y esta ley es un paso más, un paso humilde, para una democracia más fuerte porque la transparencia hace más fuerte la democracia", ha aseverado la principal impulsora de la norma.
Apoyo del PNV y de CiU, pero con matices
El ponente del PNV, Emilio Olabarria, ha advertido que su voto favorable no significa "adhesión" a la "operación de diseño" que, a su juicio, pretende llevar a cabo el Gobierno con esta ley.
En nombre de CiU, Jordi Jané, ha opinado que en el texto que se remite al Senado hay "demasiados límites" al derecho de acceso a la información y que habría que introducir excepciones al silencio negativo de la administración. Jané, que no obstante ha valorado el diálogo con el Gobierno, ha insistido en su reivindicación de que se publiquen las balanzas fiscales y la regulación de un registro para los "lobbies", entre otras propuestas que mantendrá su grupo en el Senado.
IU y UPyD critican la opacidad
El diputado de IU Joan Josep Nuet ha atribuido esta ley al "aparato de agitación y propaganda del PP que se mueve entre Génova y Moncloa" y a su "sentido lampedusiano de que parezca que hay cambios, pero que no tiene que haberlos". Nuet considera que la tramitación previa por parte de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno para las peticiones de información dirigidas a la Casa del Rey es un "filtro próximo a la figura del comisario político", y ha sentenciado que es una ley que nace muerta.
Carlos Martínez Gorriarán (UPyD), aunque ha reconocido que la ley mejora algunas cosas, ha insistido en que es "insuficiente" y ha criticado su tramitación "opaca" y la actitud "inexplicable" de los grupos que no han participado en la ponencia. Ha afirmado que esta es una ley pactada entre los principales partidos pese a las "extrañas interferencias" del caso Bárcenas y se ha mostrado convencido de que el PP y el PSOE la han hecho para "protegerse del exceso de interés de los ciudadanos y de los entes cívicos", añadiendo que es una ley "fallida" porque no permitirá saber, por ejemplo, qué están haciendo las entidades financieras rescatadas.
Dentro del grupo mixto, sólo Coalición Canaria ha aplaudido el texto y la actitud de diálogo del PP, mientras que el BNG ha hablado de "paripé" y los representantes de Geroa Bai y Amaiur han lamentado que con ellos no hayan dialogado.
Por su parte, el diputado de Compromís-Q, Joan Baldoví, ha 'cedido su escaño' a las 2.280 personas que durante los últimos cuatro días han votado las enmiendas en una web abierta por su partido.
Al texto se han incorporado por el momento más de 90 enmiendas de la oposición, la mayoría de los nacionalistas vascos y catalanes y quince de los socialistas, entre las que destacan las que afectan al ámbito de aplicación de la ley y al régimen de sanciones. Tras la votación de este jueves, el trámite parlamentario continuará en el Senado y, si allí no se modifica, la ley quedará definitivamente aprobada. Habrán pasado nueves años desde la primera vez que un partido político español prometiera una ley de transparencia en su programa electoral (el PSOE en 2004).
Órgano regulador dependiente del Gobierno
El órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ley (el Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno) será, según el texto aprobado, dependiente del Gobierno. De ahí el rechazo de la oposición, para quien el órgano regulador "no puede ser una delegación del Gobierno" ni su presidente "un mandado del ministro de Hacienda", ha proclamado Martínez Gorriarán en el debate, mientras que Nuet ha denunciado la no inclusión de la sociedad civil en este ente.
Límites al acceso a la información
Otro de los puntos de fricción para la oposición son los "desmesurados" límites que se ponen al acceso a la información. Además de restringir el acceso a la información que afecte a la seguridad y la defensa, la prevención de delitos o el secreto profesional, la norma también fija como límites "los intereses económicos o comerciales, la política económica y monetaria, la protección del medio ambiente o la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión". Para Martínez Gorriarán, el problema está en que la ley no se concibe como “un derecho de los ciudadanos” sino de una “concesión” de la administración a los administrados.
No habrá registro de lobbies
También ha recibido críticas la negativa del Gobierno a crear un registro de grupos de influencia o 'lobbies' y que se mantenga el silencio administrativo negativo, esto es, que la administración concernida no esté obligada a contestar a un requerimiento de información y, al no hacerlo, el solicitante deba entender su solicitud como rechazada.
