Como señalan desde Europa Press, el pasado 16 de mayo Nuclenor, titular de la explotación y propiedad de Iberdrola y Endesa, solicitó la modificación de la orden ministerial de 2012 que revocaba la fecha del 6 de julio de 2013 como fecha de cese definitivo de la explotación de esa central. El objetivo de Nuclenor era que se le concediera un nuevo plazo para que pudiera presentar una solicitud de renovación de la autorización de la explotación por un periodo de un año, en el que la central se mantendría sin operar a potencia.
Desde Greenpeace, recuerdan que, "tras cinco días de deliberaciones, el 24 de mayo, el CSN mediante una decisión no consensuada por las condiciones técnicas, sino tomada mediante una votación", autorizó el cambio al Ministerio de Industria. Según lo recogido por Europa Press, Soria afirmó el miércoles en el Congreso esta modificación no pudo ser concedida por el Ministerio "por la imposibilidad del cumplimiento de los plazos previstos en la ley que regula el procedimiento administrativo".
El ministro de Industria señaló también que se están analizando los aspectos relacionados con la regulación de ese cese definitivo y de explotación, ya que el cese se produce "única y exclusivamente" por razones económicas, aseguró. Soria advirtió además, según informa Europa Press, de que teniendo en cuenta la situación económica actual y que España es uno de los países europeos con mayor dependencia energética del resto del mundo, no se puede ni se debe infrautilizar ninguna de las fuentes energéticas disponibles.
En la Cámara Baja, el diputado del PNV Pedro Azpiazu respondió a Soria que la única decisión "razonable" en relación al futuro de Garoña es la de cerrarla definitivamente. En este sentido, indicó que existe un consenso político "amplio" sobre el cese de la actividad de la planta nuclear burgalesa, e hizo referencia a una decisión aprobada por el Parlamento Vasco. Azpiazu insistió en que Garoña debe cerrar porque se trata de un reactor nuclear de primera generación que ya "está obsoleto y amortizado", según informa Europa Press.
Desde Greenpeace, se han mostrado desconfiados respecto a las nuevas normativas referentes al sistema eléctrico, que se espera que el gobierno apruebe “durante las próximas semanas”. En este sentido, la organización ecologista ha exigido a Industria que “ninguna central nuclear cuente con ningún privilegio económico o fiscal ni que se disminuyan las exigencias de seguridad para permitir la prolongación de su vida útil”, como podría suceder en la “inminente” reforma energética que está preparando el Ministerio dirigido por Soria.
Greenpeace critica que “el titular de la cartera de Industria ha intentado evitar de múltiples formas tener que declarar el cese definitivo de explotación de la planta, para lo que no ha dudado en intentar saltarse los límites legales establecidos”. La organización ecologista mantiene su denuncia en la Audiencia Nacional sobre este proceso, y asegura que continuará hasta conseguir una sentencia que ratifique las distintas vulneraciones que, a juicio de Greenpeace, se han producido. Además, la entidad ha anunciado que presentará dentro del plazo otorgado las alegaciones correspondientes a este proceso de cierre definitivo.
