Por eso, todos los grupos parlamentarios del Congreso han suscrito una batería de medidas en materia de RSC, según informa la agencia Europa Press. Las medidas han quedado recogidas en una proposición no de ley aprobada a instancias del PSOE, en la que se pide al ejecutivo que proponga al Consejo Estatal de la RSE la incorporación a sus trabajos del Informe del representante especial del secretario general de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las Empresas, John Ruggie. En este sentido, la proposición no de ley exige que el gobierno pida al Consejo Estatal de la RSE que, después del análisis y estudio del citado documento, emita un informe respecto a las medidas que pudieran ser adoptadas.
El Congreso también ha pedido al gobierno que incorpore la doctrina de Naciones Unidas sobre RSC en distintas iniciativas legislativas en las que está trabajando. Además, los diputados han exigido que se incentive la adopción de los principios de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas transnacionales por parte de las grandes empresas españolas que operan en todo el mundo. Otra de las acciones indicadas al ejecutivo en la proposición no de ley es la elaboración de un informe jurídico sobre las posibilidades de desarrollar mecanismos judiciales o no judiciales en cumplimiento de los principios de "protección, respeto y remedio" de los derechos humanos, según recoge Europa Press.
El promotor de la iniciativa, el socialista Ramon Jáuregui, admite que el acuerdo no es "perfecto". Sin embargo, ha indicado: "Lo importante es que esta Cámara haya alcanzado el acuerdo necesario para que lo de Bangladesh no ocurra nunca más, porque está en nuestra mano."