El Secretario de Estado ha subrayado que cerca de 150.000 empleos directos y unos 2.000 millones de euros relacionados con la actividad económica de la costa dependen de esta nueva norma, que, en definitiva, trata de introducir “sentido común” en el litoral y proteger los derechos de los ciudadanos que se vieron afectados por la anterior ley de 1988.
Ha explicado que, con esta reforma, el Gobierno ha actuado ante un “problema social”, ya que de las 40.000 ocupaciones actuales que se encuentran en Dominio Público Marítimo Terrestre (ribera del mar y de las playas), casi un 90 por ciento se encuentra en una situación irregular. Por esta razón, ha argumentado que “la legislación medioambiental es ineficaz si no da respuesta a la realidad sobre la que vivimos”.
Defender el litoral y proteger derechos de las personas
En este sentido, ha aclarado que en la Zona de Servidumbre de Protección (la zona adyacente al dominio público) existen unas 125.000 viviendas a las que se les dará una mejor regulación, pero estos cambios en la normativa “en ningún caso van a permitir que se pueda construir donde antes no se podía”.
Ramos, además, ha puntualizado que en esta zona se autorizarán las obras necesarias para su mejora y modernización siempre que no impliquen un incremento ni en altura de las edificaciones ni de su volumen.
Respecto a la exclusión de doce núcleos costeros de la zona de Dominio Público, ha concretado que se trata de atender a las necesidades de regulación de estos espacios habitados y consolidados, y cuya cartografía justifica las razones por las que no deben estar incluidos en el dominio público. “Hemos sido extraordinariamente rigurosos”, ha añadido, asegurando que se ha tenido en cuenta “que es compatible proteger los derechos de las personas y el litoral”.
Asimismo, entre otros puntos relevantes de la Ley, Ramos ha destacado que por primera vez la normativa de costas española incorpora regulaciones específicas para afrontar la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral.
Ramos ha detallado la repercusión de la Ley de Costas de 1988 en cada Comunidad Autónoma con litoral, unas cifras que revelan la situación de “limbo jurídico o de alegalidad” del 90 por ciento de las construcciones y ocupaciones existentes. “Se trata de uno de los problemas más grandes y enquistados de la Administración española, y esta reforma de la Ley va dirigida a ponerle remedio”, ha destacado el Secretario de Estado.
