10/05/2013 11:07:31

Greenpeace reitera que su protesta en el Congreso fue pacífica

El juez Bermúdez fija comparecencias mensuales para los activistas de Greenpeace que protestaron contra la nueva Ley de Costas

Después de que los ocho activistas de Greenpeace detenidos ayer por su protesta contra la reforma de la Ley de Costas hayan quedado en libertad, la organización ecologista ha reiterado que utiliza métodos pacíficos en sus acciones reivindicativos.

En este sentido, Greenpeace ha insistido en que la protesta no alteró el funcionamiento normal del Congreso de los Diputados. La acción consistió en el despliegue de una pancarta en la fachada principal del Congreso de los Diputados con el lema “El PP vende nuestra costa”, mientras dentro del hemiciclo se debatía la aprobación del Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Los ocho activistas que participaron en la acción fueron detenidos por la mañana y, después de declarar en la Audiencia Nacional, fueron puestos en libertad. Se trata de los tres escaladores que llegaron a ascender hasta la fachada principal del Congreso y desplegaron una pancarta y de otros cinco activistas que desplegaron pancartas abajo. El juez Javier Gómez Bermúdez fijó para ellos comparecencias mensuales. El auto judicial no especifica ningún delito, aunque el magistrado seguirá instruyendo el caso hasta que se determine si existe delito.

Para el director de Greenpeace, Mario Rodríguez, "una pancarta en la fachada del Congreso no es delito, lo que es delito es el daño al medio ambiente que supone la nueva Ley de Costas aprobada hoy". Desde la organización ecologista, consideran que esta reforma, que finalmente fue aprobada con los votos del PP y la abstención de CiU, desprotege y privatiza el litoral español. Además, Greenpeace denuncia que la nueva ley podría favorecer a unos pocos intereses muy cercanos al PP, y da carpetazo a 25 años de protección de la costa. En este sentido, la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha señalado: "Es la culminación de las barbaridades de la burbuja inmobiliaria.”

Las críticas de Greenpeace al proyecto de reforma de la Ley de Costas han quedado recogidas en el informe “Amnistía a la destrucción”, que ocasionó una demanda por parte de María Dolores de Cospedal. Desde la entidad, señalan que “la privatización que propone la Ley no supondrá beneficio alguno para el Estado o el interés público”.

Entre los aspectos que suscitan más quejas, se encuentran el hecho de que una docena de núcleos costeros quedan exentos de cumplir la Ley de Costas (elegidos sin criterios conocidos, según Greenpeace). Además, se reduce la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos y se desprotegen “los más importantes humedales costeros y dunas”. Desde Greenpeace, consideran que la nueva ley desprecia las consecuencias del cambio climático sobre el litoral español y que ha sido elaborada con poco rigor. Para la organización ecologista, una prueba de esta falta de rigor es que desde el Ministerio de Medio Ambiente se reconoció que "no se habían dado cuenta" de que el PP había incluido una enmienda según la cual hubiese sido posible legalizar el hotel del Algarrobico. La enmienda se modificó en el último momento.

Greenpeace ya ha anunciado que presentará una queja ante la Comisión Europea para que estime si se han vulnerado la Directiva 97/11/CE sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la Directiva 2001/42/CE relativa a evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de aves silvestres, la Directiva Hábitat 92/43/CEE, relativas a la conservación de Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, el convenio de Aarhus, y la Directiva 2003/35/CE de medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.

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