Es un proyecto de ley redactado por el equipo del ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, que contempla sanciones económicas y penas de prisión, con el objetivo de evitar nuevas crisis financieras como la desencadenada a escala global en 2008. Así, un director de banco que aprueba un crédito arriesgado o una inversión que finalmente acaba en impago debe asumir su responsabilidad.
Eso es lo que piensa el gobierno de germano y, por eso, el consejo de ministros de Berlín aprobará una reforma penal que tendrá como consecuencia la aplicación de penas de hasta cinco años de cárcel para quienes aprueben inversiones de forma poco fundamentada que terminen en fiasco.
