05/02/2013 10:00:52

Europa quiere luchar en contra del 'greenwhasing'

El Parlamento europeo pretende crear medidas específicas para acabar con la información engañosa de las empresas

Se conoce como "greenwashing" el acto de inducir a error a los consumidores en relación con las prácticas ambientales de una empresa o los beneficios ambientales de un producto o servicio. Ante esta problemática, se pide a la Comisión Europea que prepare normas específicas para luchar contra la información falsa y "engañosa" relacionada con los compromisos de las empresas y sus impactos sociales y medioambientales.

El Parlamente Europeo demanda, tanto a la Comisión como a los gobiernos nacionales, que estimulen "modelos empresariales innovadores, diseñados para estrechar los vínculos entre las empresas y el contexto social en el que operan" y aquellas que hagan "frente a los desafíos sociales y medioambientales", según informa Servimedia.

Además, también se quiere incluir la política fiscal de las empresas como parte de la RSC y concretar que el uso de estrategias fiscales o paraísos fiscales no son compatibles con una política socialmente responsable. En referencia a la contratación pública responsable, se pide la eliminación del criterio de adjudicación al precio más bajo y una mayor responsabilidad en la cadena de contratación.

Asimismo, se estudia la posibilidad de crear una "etiqueta social europea" para promover la visibilidad de la RSC y la difución de buenas prácticas.

La Eurocámara, por su parte, se muestra a favor del informe integrado y se hace eco de los trabajos que está llevando a cabo el Consejo Internacional de Informes Integrados (IIRC) por lo que la Comisión tendría que apoyar a esta entidad para hacer de estos informes la norma mundial en la próxima década. Sin embargo, la Comisión "rechaza firmemente" establecer indicadores a nivel europeo que supongan cargas para las empresas, pero apoya los estándares internacionalmente reconocidos.

En términos reguladores, se subraya la necesidad de eleborar normativas coherentes en el entorno internacional y así evitar interpretaciones nacionales divergentes.

Finalmente, el documento hace referencia a los medios de comunicación, a los que se les demanda que incluyan normas periodísticas transparentes en sus políticas de responsabilidad social corporativa, que garanticen la protección de fuentes y los derechos de los denunciantes.

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