Según la propuesta original de la Comisión, que cubría a los 27 Estados miembros, la tasa gravará con un 0,1% las transacciones de todo tipo de instrumentos financieros, excepto los derivados a los que se les aplicaría un 0,01%. Ello permitiría recaudar 55.000 millones de euros al año, de acuerdo con los cálculos de Bruselas que hace públicos Europa Press.
Pero el veto de Reino Unido, que sostiene que la tasa provocará una deslocalización de la industria bancaria, y otros Estados miembros ha obligado a emprender la vía de la cooperación reforzada. Se trata de la tercera vez que se usa este procedimiento, tras la legislación sobre divorcio y sobre patentes.
Además del diseño de la tasa, todavía hay que definir a qué se destinarán sus ingresos. Según publica Europa Press, Bruselas defiende que dos tercios de la recaudación se utilicen para financiar el presupuesto de la UE, pero la mayoría de los Estados miembros quiere que los fondos vayan a los presupuestos nacionales.
