Hartos.org denuncia ante el máximo órgano judicial que, tal y como establece la ley, "la independencia judicial no puede verse afectada por los acontecimientos políticos, y que, en cualquier caso, el elector tiene derecho a la igualdad y tutela de la justicia, y a conocer la gravedad de las acusaciones de corrupción política que pudieran derivarse de la instrucción, precisamente antes de ejercer el derecho a votar y no después, si efectivamente se está reteniendo la instrucción".
A través de un comunicado Hartos.org afirma que resulta evidente que "si sólo en fase de instrucción el juez ya ha impuesto una millonaria fianza a CIU que, según fuentes periodísticas, ha supuesto el embargo de las sedes centrales de la coalición. Y si, en otra causa, la instrucción califica de 'colaborador necesario' a uno de los máximos responsables de Convergencia: es evidente entonces que estamos ante la inminente imputación de máximos responsables de la CIU, lo que sería muy grave que la instrucción estuviera 'aplazando' para después de elecciones".
Además, la plataforma ciudadana asegura que las elecciones catalanas se han venido desarrollando en condiciones de dudosa legitimidad jurídica. "Primero la web de la Generalitat publica el decreto de convocatoria pero anuncia que no son obligatorios avales para que las organizaciones extraparlamentarias se presenten a las elecciones. A medio plazo ya transcurrido, la Junta Electoral Central dice que si son necesarios esos avales. Una vez recogidos los avales, Hartos.org ya había recurrido y un Juez sentencia que el acuerdo de la Junta es nulo, y que no deben recogerse avales. Posteriormente el Juez ,a partir de la causa de Hartos.org, eleva una cuestión de ilegalidad al Tribunal Supremo, pero aún así la Junta deja fuera de las elecciones a otros partidos que no habían completado los avales, lo que Hartos.org también ha demandado. Paralelamente a todo ello, el Govern, por si no fuera suficiente el control que tiene sobre la prensa pública, y los 11,8 millones entregados a la privada, utiliza su posición de dominio institucional y el dinero público para presentar como campaña institucional un vídeo con doctrina política", denuncia la plataforma Hartos.org.
