Según ha indicado el presidente de la CNMV, Julio Segura, 19 entidades habían emitido entre 1999 y mayo de 2011 un total de 22.500 millones de euros en participaciones preferentes, y a las once entidades sancionadas corresponde la mitad de esa cifra. Unas multas que, ha dicho Segura, conllevan un elevado “coste reputacional” que le hace pensar que algunas entidades estarían dispuestas a afrontar mayores sanciones si no fuesen públicas.
Por su parte, el portavoz de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez, calificó como "positiva" la decisión de la CNMV pero solicitó que las saciones sean "millonarias y realmente contundentes, y no pequeñas multas para salir del paso". A su juicio, el castigo a los bancos y cajas debe ser "proporcional" a la magnitud del fraude, así como al lucro que han generado con éste, y que definió como un "auténtico corralito español". Sánchez aventuró que los expedientes animarán a los ciudadanos a acudir a los tribunales.
La Junta de Andalucía anuncia sanciones
Tras la denuncia presentada por FACUA Andalucía contra Banca Cívica por el fraude de las participaciones preferentes, el vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha anunciado acciones sancionadoras y judiciales.
En este sentido, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha manifestado en el Parlamento Andaluz que "se está trabajando para que esta utilización fraudulenta de los ahorros no quede impune y las aspiraciones de recuperación de estos ahorros pueda verse satisfecha". El vicepresidente ha anunciado además que próximamente se iniciará, a través de Consumo y en cooperación con la Fiscalía General de Andalucía, la potestad sancionadora y de recursos ante la jurisdicción civil, con el fin de demandar la acción de cesación e indemnización por daños y perjuicios.
FACUA Andalucía reclama que se concreten qué medidas van a llevarse a cabo y pregunta cuáles van a ser las dimensiones del expediente sancionador para un caso que requiere de una multa millonaria proporcional al fraude.
