La empresa propietaria de Garoña basa su decisión en que, hasta el momento, desconoce cómo le afectarían las nuevas condiciones que podrían establecerse para la actividad de generación nuclear en el marco de la reforma energética aún pendiente de aprobación por parte del Gobierno.
En un comunicado, Nuclenor señala que "es esta incertidumbre la que pone en duda la viabilidad económica de la planta, dados los resultados de explotación de los últimos tres años, y las inversiones de alrededor de 120 millones de euros que debería realizar para seguir funcionando, fruto del dictamen del CSN y de los planes de modernización permanente de la planta".
En cualquier caso, Nuclenor ha expuesto su voluntad de que, en caso de que se despejaran estas incógnitas en torno a la viabilidad económica de la central de Santa María de Garoña, estaría en
condiciones de solicitar la renovación, puesto que, técnicamente reúne todos los requisitos para seguir operando de una manera fiable y segura, como reiteradamente han señalado tanto el Consejo de Seguridad Nuclear como la Agencia Internacional de la Energía Atómica.
